Renfe espera ahorros con el teletrabajo en todas sus áreas
De ser una empresa pública con estructuras casi ministeriales a convertirse en emblema de modernidad. Este es el camino que pretende emprender Renfe con medidas como el teletrabajo, que llegó durante lo más duro de la crisis sanitaria para consolidarse. La compañía que preside Isaías Táboas ha incluido el trabajo a distancia en su plan estratégico como vía para acelerar la transformación digital y cultural.
Sus empleados podrán solicitarlo, de manera voluntaria y reversible, a partir del 1 de diciembre en cualquiera de las filiales del grupo. La condición para teletrabajar, según ha indicado Renfe, es que lo permitan las características del puesto y las funciones de cada trabajador. La solicitud debe ser expresamente autorizada y compatible con el trabajo presencial. El operador ferroviario, que ha llegado a un acuerdo al respecto con la representación sindical, se suma de este modo a la corta lista de grandes compañías que ya han regulado e implantado el teletrabajo. Entre ellas figuran Telefónica, Siemens o Liberty Seguros.
Renfe habla de una vía para mejorar la conciliación de la vida personal y laboral de sus plantillas, pero también ha cuantificado ahorros: 7,5 millones de euros en los tres próximos años. La dirección cree que actuar con un modelo híbrido que compatibilice el trabajo a distancia con el presencial derivará en una mayor eficiencia, además de mejorar la experiencia del trabajador.
La operadora también ha incidido en que su nuevo modelo se basa en “el compromiso del empleado en la ejecución de sus tareas”, suponiendo una mayor responsabilidad individual y altas dosis de organización.
El avance del teletrabajo, explica la compañía, permitirá una nueva configuración de los espacios y formas de trabajo en los que ya está centrada el área responsable de Patrimonio de Renfe. También se ha implicado la división de tecnología con el fin de desarrollar el puesto de trabajo digital.
Al margen de esta empresa estatal, en la Administración pública se espera un real decreto ley, en el que trabaja Hacienda, que regule el teletrabajo. La intención es que esté aprobado en diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero de 2022, y entre los objetivos figura fijar residentes en lugares en riesgo de despoblación.
La empresa estima que recortará sus costes en 7,5 millones en tres años