¿Qué puede mejorar en los juzgados españoles? Los juristas responden
El expediente judicial electrónico aún no llega a todos los tribunales Hay quejas sobre la falta de compatibilidad entre sistemas
Hace unas semanas, el asesinato de un menor a manos de su padre en la localidad de Sueca (Comunidad Valenciana) sacudió la opinión pública. En el mundo judicial, el suceso levantó un fuerte debate cuando trascendió que el hombre, sobre el que recaía una orden de alejamiento sobre su exmujer, a la vez era beneficiario de un régimen de custodia compartida acordada en otro juzgado.
A raíz del suceso, y con el trasfondo del proyecto del Gobierno para modernizar y agilizar la burocracia judicial, cabe preguntarse qué debe mejorar en los tribunales españoles. Media docena de juristas consultados por este medio han dado su opinión. Coinciden en señalar la falta de coordinación y la digitalización a varias velocidades como dos de los grandes males a erradicar.
La dispersión de los sistemas informáticos es señalada como una de las principales trabas. Actualmente, no existe un sistema de gestión de notificaciones y presentación de escritos único en el país, sino que cada región cuenta con su plataforma. Así, mientras que Madrid y los territorios gestionados por el ministerio funcionan con Lexnet, en Cantabria existe Vereda; en el País Vasco, JustiziaSip, y en Aragón, Avantius.
En opinión de Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la situación mejoraría si fuese posible “disponer de sistemas de gestión procesal integrados”, que permitan a un juzgado de familia saber, “solo introduciendo el nombre de la víctima en el ordenador, si existe un procedimiento penal o una sentencia por violencia machista que deba tenerse en cuenta antes de tomar una decisión respecto del divorcio o la custodia”.
En esta dirección, Eva García, decana del Consejo de Procuradores de Gerona, corrobora la necesidad de mejorar “las conexiones entre juzgados y entre jurisdicciones”, un ámbito donde, considera, “el Gobierno debería hacer una apuesta importante”. Por su parte, Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), lamenta que “todos los sistemas de gestión procesal no son interoperables entre sí, con lo cual no se puede transmitir nada informáticamente entre, por ejemplo, Andalucía y Cataluña”.
Otro punto débil es la desigual implantación del expediente judicial electrónico en las comunidades autónomas. Conseguir juzgados con papel cero es uno de los objetivos primordiales del ministerio para 2030, pero “aún son muchos los letrados de la Administración de Justicia que siguen trabajando en papel porque las Administraciones
Mejorar la comunicación entre juzgados es una asignatura pendiente
Los juristas echan en falta una mejor coordinación entre oficinas públicas
no han hecho sus deberes”, remarcan desde el CNLAJ. Por su parte, Ascensión Martín Sánchez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, comparte que “llevamos utilizando el expediente judicial electrónico desde hace diez años”, aunque admite que “aún es mejorable”.
En opinión de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), debe mejorarse en “la introducción del expediente digital, que los juzgados cuenten con plantillas estables y adecuadas a sus necesidades reales por el volumen de trabajo que realizan y que todos cumplan con los plazos establecidos en la ley”.
Álvaro Perea, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ocaña (Toledo), resume que “en los tribunales españoles puede mejorar todo en lo que atañe a comunicación y agilidad”.
El principal palo en la rueda, apunta, es el deber aún vigente de tener que enviar el acto de emplazamiento por correo tradicional con acuse de recibo, algo especialmente difícil si la parte “son personas sin domicilio fijo o residencia habitual”, recalca.
Hay una valoración positiva sobre el plan del Gobierno para digitalizar la justicia pero, al mismo tiempo, los expertos llaman a ser cautos y realistas. La procuradora Eva García advierte de que garantizar el acceso a las partes a toda la información procesal puede ser, paradójicamente, “una merma de derechos” si el ciudadano tiene la sensación de que ya no necesita la ayuda de un profesional
Rafael Lara, del CNLAJ, cree que la digitalización es un fenómeno “imparable”, pero alerta de que debe ser un proceso beneficioso para todos, con independencia “de su capacidad de adaptación a las tecnologías”.