Más tiempo y flexibilidad para la ejecución de los fondos de ayuda
La gestión de los fondos europeos de ayuda a las empresas para hacer frente a la crisis desencadenada por la pandemia del Covid-19 afronta en los próximos dos meses la inabarcable tarea de completar la ejecución de su montante: un total de 11.000 millones de euros de los que solo se han gastado hasta el momento 2.450 millones, es decir, un 22%. Tanto el fondo de solvencia para empresas estratégicas, que se constituyó en julio de 2020 y cuya gestión se encargó a la SEPI, como el fondo de recapitalización de empresas afectadas por el Covid-19, gestionado por Cofides, afrontan el reto de asignar los restantes 8.550 millones de euros en 59 días. Mientras la SEPI inició su labor con una dotación de 10.000 millones de euros –de los que hasta el momento solo se han ejecutado 2.125 millones en 19 operaciones, apenas un 21% del total–, las ayudas gestionadas por Cofides sumaban inicialmente 1.000 millones, de los que se han repartido 325 millones entre 33 empresas, un 33% del total.
Aunque ambos organismos están decididos a aprobar el mayor número posible de operaciones en las semanas que restan, la mayor parte del trabajo corresponde a la SEPI, cuyo objetivo es llegar al 30 de junio con 69 expedientes analizados, 35 de los cuales están todavía en fase de estudio. El organismo ha tenido que recurrir hasta en cinco ocasiones a asesores externos. Ello parece apuntar o bien a una falta de recursos materiales y humanos suficientes para llevar a cabo la tarea o bien a un error de cálculo sobre el volumen potencial de solicitantes de las ayudas, junto a incidencias extraordinarias, como la relacionada con la concesión de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, lo que motivó una demanda judicial y la paralización temporal del expediente, que finalmente la justicia autorizó.
La razón de ser de los fondos de ayudas en general es acudir al rescate de empresas en dificultades, por lo que su éxito no depende solo del montante o del buen criterio a la hora de asignar el capital, sino también de la eficacia y celeridad con la que se repartan los recursos. Ante la estrechez del plazo que resta para abordar esa tarea, el Gobierno debe utilizar todos los medios a su alcance para tratar de arrancar de Bruselas una prórroga suficiente que permita completar la ejecución de las ayudas con serenidad y eficacia. Si ello no fuera posible, se baraja también la opción de aprobar algún mecanismo de asignación, ya fuera de plazo, que sin constituir ayudas de Estado permita asignar unos fondos que no están llamados a perderse, sino a servir al fin para el que fueron solicitados y concedidos. La capacidad de buscar aliados en la negociación frente a Bruselas será un factor de éxito capital a la hora de optar por una solución.