Riñas en casetas, el rebujito de pleitos de la Feria de Abril de Sevilla
La celebración sevillana se convierte en un foco de litigios Son comunes los roces entre socios oficiales y aquellos sin papeles
Rebujito, manzanilla y traje de gitana. Tras el parón por la pandemia, Sevilla vive su Feria de Abril más esperada en años. Pero, más allá del taconeo y la celebración, no es raro que surjan entre los socios de las archiconocidas casetas roces y problemas, choques que pueden tomar derroteros legales y acabar en los despachos de los abogados, y en los casos más extremos, incluso en tribunales.
Sin ir más lejos, en 2019, el Tribunal Supremo se vio obligado a intervenir en el conflicto entre los socios de una caseta familiar de la feria sevillana. Los magistrados reconocieron, contra la voluntad de los titulares administrativos, la condición de pleno derecho de cuatro socios que habían pagado año tras año las cuotas y habían participado en las actividades de la sociedad.
Como explica Bosco Aguilar Sainz de Rosa, socio de Bores y CIA Abogados, en la feria de Sevilla cada caseta privada “es un mundo aparte”, con sus propias reglas y su forma de hacer las cosas. Contar con unos estatutos facilita la convivencia, pero no todas lo tienen. “Hay casetas que tienen normas de reglamento interno y otras que no, que se basan en la costumbre o en la decisión de sus socios”, explica el abogado.
Titulares
Para entrar en estos círculos, lo normal es que los socios paguen una cuota, dinero destinado a costear gastos como la licencia, la decoración del recinto o el sueldo de los empleados. Cada caseta cuenta con su propia jerarquía. Hay invitados, socios de temporada, socios oficiales y socios sin papeles.
Los titulares administrativos son aquellos que, oficialmente, son propietarios de la licencia administrativa del recinto y se relacionan con el ayuntamiento para la burocracia. Un conflicto común surge cuando el titular administrativo quiere expulsar a un socio con el que surge algún roce, en su creencia de que es el dueño y señor de la caseta. Craso error, ya que ser titular de la licencia no te permite expulsar a un socio antipático. En situaciones así, “si efectivamente esta persona es capaz de demostrar esa participación en la caseta durante un tiempo prolongado, con los mismos derechos y obligaciones de un socio, puede que le sea reconocida esa condición de socio, aunque se le haya venido denominando o se haya utilizado otra nomenclatura”, señala Aguilar Sainz de Rosa. La Audiencia Provincial de Sevilla así lo ha recordado en varias sentencias.
En otro pleito, que llevó el bufete del propio Aguilar, un juez tuvo que dirimir la controversia entre el único titular de una caseta contra unos miembros que reclamaban la condición de titulares administrativos, en igualdad de condiciones que el fundador. “Pudimos demostrar que la caseta surgió porque el cliente la solicitó para sí y permitió a otros ser socios y participar, pero dejando claro que solo habría un único titular administrativo”, explica Bosco Aguilar. Por ello el juez dio la razón al fundador y dejó claro que ser socio no otorga un derecho a “ser titular de la licencia”.
Los estatutos ayudan a evitar puntos de fricción, pero no todas las casetas los tienen
Socios
Román Cano Lumera, letrado de la firma RZS Abogados, corrobora que las casetas en la Feria de Abril de Sevilla son “fuente de conflictos” especialmente en dos ámbitos. Por un lado, por los roces entre socios, ya que las casetas funcionan “como pequeñas empresas”, donde los juzgados y tribunales han analizado con lupa “quién ostenta la condición de socio a falta de norma de regulación interna o estatuto”. Otro punto de conflicto, añade, es delimitar “cuáles son los derechos, obligaciones y limitaciones que implican esta condición [la de socio]”.
Listas de espera
Por otro lado, las desavenencias pueden venir con la relación con el ayuntamiento. En concreto, en lo que atañe a “controversias sobre las concesiones administrativas, las renovaciones, el pago de las tasas, los motivos de exclusión o las listas de espera”, enumera el abogado. Una actividad, agrega Cano, que “ha exigido una especial labor de transparencia por parte de la Administración para evitar la litigiosidad”.
El Supremo medió en un conflicto entre socios que querían expulsar a otro compañero