Los plazos en la SEPI y Cofides no deberían ser el problema para ayudar a las empresas
La vida va dejando atrás la pandemia, pero sus efectos económicos siguen presentes, y lo saben bien las empresas que han solicitado las ayudas de los planes de rescate específicos gestionados por la SEPI y Cofides. Hasta ahora se han concedido solo 2.519 millones de los 11.000 que suman ambos programas, pero hay varias decenas de expedientes sin resolver, y el Gobierno está negociando con la Comisión Europea ampliar el plazo, que finaliza el próximo 30 de junio, para darles salida.
Parece una medida razonable, puesto que no implica aumentar las partidas dispuestas para salvar a las corporaciones, sino que simplemente pretende materializar las intenciones iniciales. Dados ciertos casos polémicos relacionados con las ayudas, como el de Plus Ultra, es comprensible que los organismos públicos analicen las peticiones con todo lujo de detalles, aunque el retraso en los fallos pueda tener un efecto perjudicial, como es el de no llegar a tiempo para evitar las quiebras. Pero el factor meramente cronológico del final del plazo no debería ser un obstáculo, y Bruselas bien puede abrir la mano para que el tejido empresarial español reciba un muy necesario alivio.