Juzgados de familia para acabar con los juicios a dos velocidades
Las grandes ciudades se benefician de la especialización Los núcleos pequeños sufren una justicia más lenta
Imagínese que padece un tumor, pero en lugar de acceder a un oncólogo debe conformarse con ser examinado por su médico de cabecera, un profesional que conoce las enfermedades y que le proporciona atención sanitaria de calidad, pero que no está especializado en el tratamiento del cáncer. Imagínese, además, que lo tienen que operar para extirpárselo, pero lejos de hacerlo en un quirófano, le practican la cirugía en la camilla en la que su doctor pasa consulta. Salvando las distancias, pues se trata de una figura retórica, esta licencia puede ilustrar lo que sucede con el derecho de familia. Magistrados, fiscales, abogados, profesores universitarios y otros profesionales (psicólogos, trabajadores sociales o mediadores) llevan años reclamando la creación de juzgados especializados en esta rama del ordenamiento jurídico. La última gran reivindicación ha tenido lugar en el II Congreso de Infancia y Adolescencia que recientemente se ha celebrado en la Ciudad Condal, promovido por la plataforma de juristas Familia & Derecho y los colegios de la abogacía de Madrid (ICAM) y Barcelona (ICAB).
Y es que no todos los ciudadanos tienen acceso a estos órganos judiciales especializados, lo que comporta importantes desigualdades en función del lugar en el que vivan. Una justicia a dos velocidades que acaba perjudicando a los justiciables de los núcleos poblacionales más pequeños y que se traduce en resoluciones más
El 53% de la población no tiene acceso a estos órganos judiciales con más recursos
lentas o en menos recursos a la hora de litigar, como puede ser la falta de especialización de los jueces que no conocen de forma exclusiva y excluyente de estos casos o de los fiscales, que no siempre están presentes en los juicios en los que se dirimen cuestiones tan trascendentales como con quién vivirán los hijos o si alguno de los progenitores debe ser privado de sus derechos sobre ellos. Pese a que en estos procesos deben velar por el interés superior de los menores, el déficit de fiscales hace imposible que intervengan en todas las vistas.
Pero es que, además, esta rama del derecho ha evolucionado en los últimos años con la aparición de nuevos modelos de familia, que presentan un componente internacional cada vez más fuerte.
Los juristas denuncian una vulneración del principio constitucional de igualdad
De hecho, la Unión Europea estimó en 2017 que habían nacido un millón de niños fruto del programa Erasmus de intercambio de estudiantes. Unas circunstancias que aconsejan la especialización. Como explica la magistrada Encarnación Roca Trías, vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional, estos conflictos ya “no se limitan a los divorcios y separaciones, sino que tienen un amplio campo de aplicación: reconocimiento de la filiación (relaciones de parentesco), maternidad subrogada (los llamados vientres de alquiler), conflictos entre padres e hijos en situaciones de convivencia o derechos de visita de los abuelos”. Situaciones en las que “se mezclan los sentimientos personales y las cuestiones jurídicas” y que por su naturaleza exigen “un trato diferente”, con profesionales que auxilien al juez, como “psicólogos, asistentes sociales o pedagogos”, para que pueda tomar “la decisión más adecuada a la vista de las circunstancias”.
Periferia y capitales
Sin embargo, España solo dispone de 124 juzgados de familia, lo que deja al 53% de la población sin acceso a estos órganos especializados, según un informe de 2020 de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa). Y ello porque los ciudadanos no tienen derecho a elegir a cuál acudir, pues la competencia viene determinada grosso modo por el domicilio conyugal o la residencia del demandado, según el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, la mayoría de los conflictos familiares se ventila en los denominados juzgados mixtos, en los que se investiga tanto un delito como se ordena un desahucio, o en los juzgados de primera instancia, que deben pronunciarse sobre una gran variedad de materias civiles, como reclamaciones de dinero, contratos de arrendamientos o disputas entre vecinos, además de las familiares. Por ejemplo, mientras que estos juzgados especializados existen en grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o Sevilla, en otras más pequeñas, como Ponferrada (León), Palencia o Lugo, solo hay juzgados mixtos o de primera instancia. Una situación que es “contraria al principio de igualdad regulado en el artículo 14 de la Constitución española”, considera el magistrado Xavier Abel Lluch, presidente de la Plataforma Familia & Derecho. Esto afecta al “tiempo de respuesta” judicial, pues “las causas penales con presos siempre tienen preferencia sobre los asuntos civiles”, o a la “seguridad jurídica”. No en vano, son diversos los pronunciamientos contradictorios entre diferentes juzgados del territorio nacional a la hora de abordar, por ejemplo, la atribución de la custodia compartida de los hijos.
“La especialización es una garantía frente a la violencia contra la infancia, contra la mujer y, en general, contra la violencia intrafamiliar. En la medida en que el juez de familia conoce más y mejor la materia, puede centrar su atención en estos asuntos”, argumenta el magistrado.
Por estos motivos, desde la Plataforma Familia & Derecho han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio
de Justicia la especialización de determinados juzgados. Como explica la abogada Isabel Winkels, miembro de la junta directiva de la organización, se trataría de agrupar los tribunales de instancia que se van a crear a la luz del proyecto de ley de eficiencia organizativa para colocar en el centro una sección especializada en familia, “con un par de jueces, fiscales y sus equipos técnicos” al frente, de forma “que se dediquen de manera exclusiva y excluyente” a estos asuntos.
Cambios legales
Una especialización que también defiende la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), pero que por el momento no tiene visos de prosperar. “Se ha perdido una gran oportunidad ya que el proyecto de ley aprobado recientemente por el Consejo de Ministros deja a las familias sin una justicia especializada, mientras que las empresas sí dispondrán de tribunales específicos”, critica María Dolores Lozano, presidenta de la agrupación.
Y es que el proyecto de ley prevé las secciones de lo mercantil con carácter general en los nuevos tribunales de instancia, mientras que las de familia solo se contemplan cuando se estime conveniente en función de la carga de trabajo. Pese a ello, la abogacía seguirá dando la batalla para que se introduzcan las modificaciones necesarias en las Cortes que permitan la especialización, señala Isabel Winkels. A los profesionales les asiste la propia ley de protección a la infancia y adolescencia, cuya disposición final vigésima da un plazo de un año, que finaliza este verano, para “la especialización, dentro del orden jurisdiccional civil, en infancia, familia y capacidad”.
Formación. Inmaculada Vivas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, explica que los juzgados especializados son necesarios, pero también “hace falta invertir en la formación” de los distintos profesionales involucrados en este tipo de procesos. “Considero crucial que reciban una formación inicial, pero, sobre todo, continua”, como prevé la ley de protección a la infancia y adolescencia, que busca detectar precozmente cualquier forma de violencia a través de actuaciones que tienen en cuenta la perspectiva de género o la discriminación a la que tradicionalmente ha sido sometida la comunidad LGTBI. Además, la profesora llama a “abandonar la visión adultocéntrica y paternalista que aflora en la interpretación de las normas jurídicas”, ya que “los niños, adolescentes y personas con discapacidad son ciudadanos con derechos”. No obstante, considera necesario que los procesos judiciales se aborden con una “enorme sensibilidad y grandes dosis de empatía” debido al impacto que tienen en ellos, especialmente en la exploración a los menores en caso de ruptura parental.
El proyecto de ley prevé la especialización en mercantil, mientras que en familia, solo discrecionalmente
Presupuesto. “¿Las cláusulas suelo son tan importantes que deben contar con especialización, pero las familias no?” Esta es la pregunta que se hace la abogada Julia Clavero, socia de Aba Abogadas, un despacho especializado en conflictos familiares. La letrada considera que “se necesitan urgentemente presupuesto y medios para dar una solución a los problemas familiares en un plazo razonable”, ya que las esperas para recabar ciertos informes “pueden alcanzar dos años. Una familia no puede esperar tanto”, sentencia. A su juicio, la falta de especialización da lugar a familias “de primera y de segunda clase”.
La abogacía dará la batalla para que se modifique el texto legal