El reto de envejecer: un enfoque jurídico y multidisciplinar
La protección de la vulnerabilidad no debe ser excusa para no reconocer a los mayores plena decisión, aunque sea con apoyo
El fenómeno del incremento de la longevidad es el asunto social más relevante de nuestra época. Se prevé que en esta década el número de personas mayores de 60 años crezca a nivel mundial un 38%, de los 1.000 millones actuales a casi 1.400. En Europa el incremento será mayor y más rápido todavía, hasta el punto de que en 2050 una de cada cuatro personas será mayor de 65 años.
Sin desconocer sus muchas implicaciones positivas derivadas del aumento de la esperanza de vida, no solo en duración, sino también en calidad, no cabe negar que los retos que este fenómeno plantea son colosales. El impacto que ya está suponiendo resulta difícil de evaluar, pero es imprescindible empezar a hacerlo cuanto antes y de manera coordinada.
Es cierto que existen muchos foros dedicados a estudiarlo desde diferentes perspectivas (sociológica, económica, política, médica y asistencial), pero en todas ellas se echa de menos el enfoque jurídico, imprescindible para integrarlas adecuadamente y permitir su implementación práctica. Y ello tanto desde el punto de vista colectivo, a la hora de repartir adecuadamente las cargas que la longevidad impone, como individual, a la hora de diseñar las correspondientes soluciones con pleno respeto a la dignidad y libertad de las personas.
Hay que ser conscientes de que resulta extraordinariamente difícil separar el aspecto público de la cuestión del estrictamente privado, pues ambos se condicionan necesariamente.
Pensemos en el problema de la sostenibilidad del Estado del bienestar, con toda la conflictividad social e intergeneracional que implica, abarcando desde el mantenimiento de las pensiones hasta el carácter universal y gratuito de la asistencia sanitaria, pasando por la financiación de las situaciones de dependencia.
El reto de su financiación obliga a plantear temas de enorme impacto individual como la prolongación de la edad de jubilación, la tributación de la propiedad inmobiliaria (muchas veces el único activo de los mayores, pero a la vez imprescindible para asegurar el equilibrio intergeneracional), la regulación de los sistemas de autoprevisión (hipoteca inversa, renta vitalicia, planes de pensiones), la cartera de servicios públicos, el internamiento residencial, la regulación de la inmigración, etc.
Lo mismo ocurre en otros sectores, ya sea en el ámbito del consumo, donde es especialmente relevante la vulnerabilidad de la persona mayor ante el abuso y su creciente condición de víctima, como el estrictamente sanitario, a la hora de decidir los tratamientos más oportunos en función de las circunstancias.
Todos estos temas conllevan la necesidad de encontrar delicados equilibrios en los que están en juego derechos fundamentales como la dignidad de las personas, la autonomía de la voluntad, la no discriminación por razón de la edad (edadismo), así como el derecho a diseñar individualmente el sistema de apoyos más adecuado a las circunstancias personales de cada cual, incluido los de carácter representativo, otorgando la correspondiente escritura pública al efecto.
La reciente Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha supuesto un hito fundamental que obliga a acercarse a esas cuestiones desde una perspectiva radicalmente diferente a la tradicional. La protección de la vulnerabilidad no puede ser una excusa para no reconocer a los mayores plena autonomía de decisión, aunque sea con los apoyos pertinentes. La pandemia que estamos atravesando no ha hecho más que manifestar todavía más la necesidad de este enfoque global. Cuando se produce una situación de crisis, máxime si es tan grave como la generada por el Covid-19, se agudizan las tensiones latentes del sistema y ascienden a la superficie.
Desde el triaje efectuado en los hospitales hasta la gestión de las residencias; desde el impacto psicológico de la soledad hasta la justa distribución de las cargas sociales, incluidas las que se trasladan a las familias. Y esto último ya sea en beneficio de los mayores o a la inversa, porque si bien sabíamos que tener hijos en España es un lujo que cada vez menos gente puede permitirse, ahora nos hemos dado cuenta de que es un lujo todavía mayor tener abuelos que puedan ocuparse de ellos mientras los padres teletrabajan y las aulas permanecen cerradas.
Todo ello exige, como es obvio, una aproximación interdisciplinar, que aúne los esfuerzos de médicos, economistas, sociólogos, fiscalistas, psicólogos, demógrafos, asistentes sociales y juristas. Entre ellos no cabe olvidar a los notarios, evidentemente, tanto por su posición como informadores y conformadores del consentimiento negocial, pieza clave de la libertad civil, como en su condición de ingenieros de los costes de transacción a la hora de definir los instrumentos técnicos y jurídicos más adecuados a cada situación.
Pero, en cualquier caso, lo que resulta evidente es que solo a través de un trabajo conjunto, combinando distintas perspectivas especializadas, será posible aproximarnos a este fenómeno con ciertas posibilidades de ayudar a gestionarlo políticamente de la forma más eficiente posible.
Todos estos temas conllevan la necesidad de encontrar delicados equilibrios en los que están en juego derechos fundamentales