Una negociación colectiva que proteja la competitividad y no cebe la inflación

El documento de recomendaciones que las patronales CEOE y Cepyme publicaron ayer con el fin de orientar a las empresas en la negociación colectiva parte de dos principios fuertemente relacionados con los riesgos de la actual coyuntura inflacionista: por un lado, la apuesta por la moderación salarial y, por otro, la vinculación de las mejoras salariales que se pacten a variables como la productividad o los resultados. Los empresarios aconsejan que se evite ligar las subidas a “conceptos tan volátiles como la inflación”, y en caso de no tener otra opción, que se fijen topes y no sean retroactivas. Las variables respecto a las que se recomienda referenciar los salarios son la productividad, el empleo, el PIB, el indicador de garantía de competitividad, para los sectores, o los resultados y el ebitda, todas ellas cuantificables, no ligadas a la evolución de los precios y sin el alto potencial de estos para alimentar efectos inflacionistas de segunda vuelta.

Junto a ese marco general de negociación, cuyo objetivo es evitar que la política retributiva se vea arrastrada por una vinculación automática a la escalada del IPC, las patronales recuerdan la posibilidad, vigente y perfectamente legal, de que aquellas empresas que no puedan asumir lo acordado en la negociación salarial de su sector utilicen las denominadas cláusulas de descuelgue, es decir, los mecanismos de inaplicación de las condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Como norma general, pero más en un contexto de inestabilidad económica y fuerte volatilidad de los precios, los sindicatos, y el propio Gobierno en su discurso político, deberían recordar que la función de los convenios colectivos no es solo materializar las máximas mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, sino también proteger la productividad y la competitividad empresarial, dado que de ambas dependen los resultados, la posibilidad de realizar inversiones productivas y el mantenimiento de los puestos de trabajo. La negociación colectiva en esta crisis debería así entrar a formar parte del urgente proceso de desindexación que precisa abordar la economía española y que debe liderar el propio sector público, en todo lo que se refiere a la actualización de prestaciones contributivas y de salarios de funcionarios. Como también sumarse a una suerte de pacto oficioso de rentas entre todos los agentes económicos para impedir que la inflación lastre la competitividad y termine poniendo en peligro la recuperación económica.