Una hoja de ruta equilibrada y realista hacia la descarbonización
La crisis energética que vive la economía global, agravada por la ofensiva de Moscú y la guerra de Ucrania, ha permitido constatar el elevado nivel de dependencia del gas y el petróleo que todavía mantiene Europa, así como las serias dificultades y los obstáculos que habrá que superar para cumplir con el exigente calendario de descarbonización de la Comisión Europea. La propia Bruselas puso ya de manifiesto esa circunstancia antes de la guerra, al proponer un cambio en la taxonomía verde que permitiese incluir la energía nuclear y el gas entre las fuentes que se consideran bajas en emisiones de carbono. La razón de este polémico cambio de postura, que ha abierto un encendido debate entre los socios europeos, son las dificultades de poder cumplir el calendario del Pacto Verde para 2050 sin hacer uso de las energías tradicionales.
No solo Bruselas, sino cada vez más Gobiernos, servicios de estudios y organismos internacionales están señalando el alto coste de una descarbonización que, tal y como está planteada, generará una elevada factura para todas las economías, y lo hará no solo respecto al tejido empresarial, sino también respecto a los consumidores. El Banco de España, en su informe anual, ha calculado el coste que el proceso exigirá a la economía española, que cifra en una reducción del PIB del 0,6% al cabo de tres años, que podría incrementarse hasta el 1,3%, en función del aumento del precio de los derechos de emisión y de los sectores productivos afectados. También advierte de la necesidad de avanzar hacia una fiscalidad que eleve la tributación de aquellas actividades más contaminantes, es decir, de aplicar el principio de que quien contamina paga. Los datos que maneja el organismo reflejan la preocupación de las empresas ante el efecto que la transición energética pueda tener en sus negocios, mientras señala a la banca como un sector bien preparado para superar los test de estrés climáticos que realizará la EBA en el mes de julio. El supervisor también recomienda que las políticas públicas articulen mecanismos para compensar, con carácter temporal, a los hogares más vulnerables, que serán los más castigados por los esfuerzos impuestos por el calendario de la descarbonización.
Es evidente que el compromiso de avanzar hacia una economía limpia exigirá numerosos cambios y no pocos sacrificios, pero el ritmo y los plazos de ese proceso tienen que ser no solo realistas, sino también equilibrados, de modo que las economías puedan asumirlos sin naufragar en el intento. Ello requiere analizar periódicamente, con seriedad y sin ceder a las presiones ideológicas, una hoja de ruta hacia la economía verde que no genere inseguridad ni en los ciudadanos ni en las empresas.