Una ley audiovisual urgente para España
La aspiración de la nueva regulación debe ser alcanzar unas condiciones de mercado igualitarias a nivel comunitario
El jueves pasado, el Congreso de los Diputados cerraba la tramitación de la Ley General de Telecomunicaciones (LGTel) con un amplio consenso político. Tan solo una formación votó en contra. Además, en términos generales, el texto normativo mantuvo su carácter técnico original. Este mismo espíritu de entendimiento y de conocimiento técnico del sector es el que deseamos para las últimas fases de la tramitación de otra ley de gran importancia para la industria tecnológica en España. Se trata de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) que, entre otros asuntos, modificará el régimen de financiación de la televisión pública.
La LGCA, al igual que la LGTel, supondrá la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de una directiva europea, y también en este caso, esa directiva fue aprobada en el año 2018. En este contexto, recibimos con satisfacción el anuncio, por parte del Gobierno, de que ambos textos se discutirían en las Cámaras por la vía de urgencia.
Lo cierto es que ambas, la LGTel y la LGCA, son urgentes para España. No solamente por el evidente retraso en su trasposición –con el correspondiente riesgo de sanciones–, sino también por la emergencia de acelerar la recuperación, la transformación y la resiliencia de nuestra economía sobre la base de la transformación digital. No en vano, la digitalización y la innovación constituyen las dos grandes palancas de eficiencia, productividad e innovación que tenemos a nuestro alcance, y ambos textos legales han sido introducidos como hitos a alcanzar en este primer semestre de 2022, en el marco del Plan Nacional de Recuperación.
Con respecto al texto de la LGCA, que se votará este jueves en el Senado, confiamos en que contribuirá a crear mercados más equitativos. El level playing field, un terreno de juego equilibrado en el que servicios iguales tengan obligaciones iguales, ha sido y seguirá siendo la gran prioridad para las empresas que representamos en nuestra asociación, porque de otro modo la competencia nunca será plenamente libre.
En coherencia con este principio, creemos que es imperativo que el nuevo régimen de financiación de RTVE entre en vigor de forma inmediata tras la publicación de la nueva ley. Un retraso no haría sino alargar la carga fiscal injustificada y discriminatoria que vienen sosteniendo los operadores de telecomunicaciones desde 2010, tensionando todavía más la capacidad financiera de estas empresas de invertir en nuevas redes. Durante más de una década, la tasa RTVE ha penalizado a los operadores, a pesar de que estos no se benefician del fin de la publicidad en el ente público. Sí lo hacen, en cambio, los prestadores de servicios audiovisuales globales (OTT).
Paradójicamente, como evidencia el modelo de financiación de RTVE en España, durante los últimos años ese principio de equidad no se ha cumplido. Las condiciones legales y costes que acarrean unas y otras empresas de la industria digital son muy diferentes. Ahora es el momento idóneo para revisar e incluir en nuestro ordenamiento jurídico a empresas de naturaleza transfronteriza y global, y, en la línea que nos marca la Comisión Europea, asentar las bases de una verdadera competencia eliminando las asimetrías que hoy existen.
La pandemia del Covid-19 ha puesto de relieve el papel catalizador de actividad económica, de prosperidad social y de innovación que ejercen las redes de telecomunicaciones, en un entorno que ya es intrínsecamente digital. Sin desmerecer el papel importante que han jugado durante la pandemia las empresas de ocio y entretenimiento online, es justo esperar el mismo reconocimiento de aquellas compañías que han invertido en las redes y en la tecnología de telecomunicaciones que soportan esos servicios digitales.
Por otra parte, la aspiración de la LGCA, precisamente como trasposición de una directiva europea, debiera ser alcanzar unas condiciones de mercado igualitarias a nivel comunitario. Máxime, en un entorno como el digital, donde la competencia es global y los modelos de negocio beben de las externalidades de red.
Por eso, nuestra segunda gran prioridad como patronal es impulsar el mercado único digital. Se equivocan aquellos que dan por perdida la oportunidad de una Europa relevante en la era digital. Soy de la convicción de que en la batalla por la relevancia geoestratégica la respuesta radica en buena medida en la regulación, y Europa tiene la experiencia y la determinación de liderar con el ejemplo la gobernanza de una digitalización que sea fuente de bienestar y prosperidad. Además, como continente, Europa tiene la escala suficiente para ver nacer y florecer campeones digitales.
Por otra parte, el mismo desarrollo de las telecomunicaciones se asienta sobre el acuerdo internacional, empezando por la adopción de estándares. Quizá sepa el lector que el primer convenio telegráfico internacional data de 1865. La legislación ha marcado históricamente el desarrollo de esta industria, que vive continuas y fortísimas transformaciones y que asume con orgullo la responsabilidad de seguir invirtiendo en las puertas por las que avanzaremos hacia el futuro.
Dos prioridades y un destino: una economía más fuerte. Incentivar la inversión y la creación de empleo de calidad se consigue a través de un marco legal robusto, estable y aplicable; un marco que favorezca la competitividad y la confianza de los inversores. Un marco normativo, en definitiva, que nos ayude a salir más fuertes en estos tiempos de grandes retos.
Nuestra segunda gran prioridad como patronal es impulsar el mercado único digital