Un juez investiga al dueño de Restalia y varias de sus filiales por posible estafa

El Juzgado de Instrucción 52 de Madrid investiga al dueño de Grupo Restalia, José María Fernández Capitán, a la propia sociedad y varias de sus filiales, así como a una veintena de responsables del grupo por posible estafa a decenas de franquiciados en España.

El magistrado David Suárez dictó un auto, recogido por Efe, en el que acuerda abrir diligencias previas contra 29 sociedades pertenecientes o vinculadas con Restalia, así como a 24 responsables de empresas del grupo entre asesores, directores y administradores, tras una denuncia presentada por el despacho Rafael Franco Abogados por delito continuado de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos.

En el escrito se encuentran representados 31 establecimientos franquiciados que se corresponden con las marcas The Good Burger, 100 Montaditos, La Sureña y Sureña Blue que han sufrido un “perjuicio inicial” que cifran en 19,7 millones de euros. El escrito considera a los denunciados como parte de una “organización criminal” que, bajo la marca Restalia, que cuenta con una red de 780 establecimientos, actuaron “con engaño suficiente y bastante” hacia los franquiciados, muchos de los cuales se vieron abocados a “la ruina económica”.

La denuncia señala que “los denunciados ocultaron, de manera deliberada, a los franquiciados la existencia de acuerdos con proveedores que suponían, en definitiva, que la franquicia resultase inviable”. Previamente a la firma de los contratos, continúa, se sumaron “unos estudios de viabilidad irreales con los que consiguieron hacerles creer que sus franquicias darían unos beneficios que, en realidad, nunca podrían alcanzar”

Desde la empresa se explica que no ha recibido ni tiene “constancia de “denuncia ni citación alguna”, y recuerda que, en sus 22 años de historia, “no se ha enfrentado a procedimientos penales y cumple, rigurosamente, la regulación vigente”. Por ello, manifiesta su “absoluta tranquilidad” por “haber actuado de manera transparente y acorde a los contratos y acuerdos con sus franquiciados en todos sus términos y condiciones”, respetando “el procedimiento judicial” y mostrando su colaboración en el mismo.

Una treintena de franquiciados hablan de un perjuicio cercano a los 20 millones de euros