Los expertos advierten sobre los riesgos de sostenibilidad en la gestión de los gastos de las CC AA

El 31,3% del gasto público ya está en manos de las regiones Las transferencias son la principal fuente de financiación

Cuando apenas quedan unas semanas para que se levante el telón del trámite de los Presupuestos Generales del Estado con la fijación del techo de gasto para 2023, conviene hacer balance de lo que representan dentro de la economía las cuentas de otras Administraciones públicas como las comunidades autónomas.

Según un trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Informe sobre las prácticas presupuestarias de la comu

nidades autónomas, lejos quedan los tiempos en que las cuentas del Estado eran la principal, si no la única, herramienta de política presupuestaria para dirigir la economía. La entrada en el euro junto al proceso de descentralización y desarrollo del Estado autonómico ha traído consigo que las comunidades supongan ya un volumen destacado del conjunto del gasto del sector público, siendo además responsables de las principales políticas del Estado de bienestar, como la sanidad, educación o los servicios de protección social.

Precisamente por ello, este trabajo del IEF señala la necesidad de que sean servicios de calidad y con un buen modelo de gestión presupuestaria, al ser relevantes a la hora de alcanzar los resultados fiscales del conjunto del Estado. A lo largo de los últimos 25 años este gasto autonómico ha pasado de alrededor del 10% del PIB al 15%, aunque este porcentaje se elevó al 18% en 2020 con motivo de los fondos especiales recibidos para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia de Covid.

Comparado con otros países de corte federal, España se sitúa como un país altamente descentralizado desde el punto de vista del gasto, con una tasa del 31,3% del total del gasto público, a distancia de Canadá que cuenta con el 39,8%.

El trabajo realizado por Jordi Baños, Daniel Montolio y Clara Picanyol, del Instituto de Economía de Barcelona, señalan no obstante que si bien es cierto que la descentralización del gasto es una realidad, no sucede lo mismo con los ingresos, cuya participación se fija en el 18,6% del total, dependiendo en gran medida de las transferencias procedentes de la Administración central, lo que puede generar efectos en la autonomía financiera, así como en la planificación y programación presupuestaria. Y es que si no fuese por la Seguridad Social (36,9%) las comunidades serían la Administración con mayor responsabilidad en el gasto público, superando a la Administración central, que cuenta con el 21,7%, y las corporaciones locales el 10,1%.

Dentro del grupo de países de la UE-27, España ha sido en la última década el país con mayor descentralización del gasto junto a Bélgica y con una distancia moderada con Alemania y Suiza.

Riesgos potenciales

Este trabajo advierte además sobre los riesgos potenciales de sostenibilidad financiera de estos gastos con suficientes fuentes de ingreso que soportan las comunidades autónomas, al tratarse de servicios y políticas fuertemente demandadas por los ciudadanos. Para avalar este riesgo se recoge que el nivel de deuda de las comunidades sitúa a España en el segundo lugar en cuanto a mayor nivel relativo de deuda regional frente a la estatal, tanto en términos relativos al PIB como en relación a sus ingresos, solo superada por Canadá. Comparado con países con un nivel parecido de descentralización del gasto, como Bélgica, Alemania o Suiza, esta deuda autonómica es significativamente superior a estos, como consecuencia de los desequilibrios registrados entre ingresos y gastos de los últimos 25 años.

Las transferencias siguen siendo la principal fuente de financiación de las comunidades, pese a los cambios que se han llevado a cabo en los últimos años en virtud de los diferentes modelos de financiación autonómica, que ha provocado que los ingresos derivados de los impuestos hayan pasado del 1,5% del PIB en 1995 al 6,1% en 2020. Estos avances seguirán en la medida que se vaya poniendo en marcha un nuevo modelo de financiación, aunque para ello será preciso un acuerdo político entre los dos grandes partidos, PP y PSOE

Este trabajo del IEF pone de relieve cómo el crecimiento de los gastos corrientes que no son de personal ni intereses ha sido mucho mayor que el de los ingresos, al pasar en ese mismo periodo del 3,3% al 8,5% del PIB, llegando a ser este el principal empleo dentro de las cuentas autonómicas. En segundo lugar se posicionan los gastos de personal, con el 7,8% del PIB en 2020. Cabe destacar cómo los gastos de capital (inversiones) suponían hasta 2011 una media del 2,5% del PIB e iniciaron una paulatina reducción hasta situarse en el 1,4% del PIB hasta 2020, lo que muestra el esfuerzo realizado en materia de consolidación fiscal tras la crisis de 2008-2009.

Los ingresos derivados de los impuestos suponen el 6,1% del total

El gasto autonómico alcanzó el 18% del PIB con los fondos contra el Covid