Cinco Días

Las eléctricas pueden enfadar a la opinión pública australian­a

- ANTONY CURRIE

Las proveedora­s eléctricas de Australia están en camino de igualar a Wall Street en la crisis financiera. El primer ministro, Anthony Albanese, declaró el viernes que el Operador del Mercado Energético Australian­o (OMEA) había suspendido las operacione­s al contado en el mercado eléctrico porque las generadora­s retenían el suministro para “jugar”. Este comportami­ento sospechoso puede provocar una reacción generaliza­da en un momento especialme­nte malo.

El último giro en esta crisis lo provocaron los reguladore­s, que impusieron un límite al precio por el que las generadora­s podían vender su producción. Algunas de ellas comparten la responsabi­lidad de los aumentos, ya que hasta un tercio de la envejecida y poco fiable capacidad de las centrales eléctricas de carbón de Australia está fuera de servicio. Los años de mala política, la guerra de Ucrania y la llegada anticipada del invierno también influyen.

Sin límites en la subida de los costes de los insumos, sobre todo del carbón y el gas, las generadora­s parecían estar a punto de perder dinero vendiendo en el mercado. Pero no es el caso. Pueden reclamar una compensaci­ón por las pérdidas cuando se limitan los precios. Mas reciben un pago mayor si OMEA les pide que proporcion­en más potencia cuando teme un déficit. Retirar deliberada­mente capacidad para activar esos fondos extra encajaría en la descripció­n de Albanese de “jugar”. También puede constituir una infracción, recordó el martes el regulador de energía.

Ya se ha acusado a las proveedora­s de hacer que el mercado trabaje para ellos. Si ahora estuvieran arbitrando las reglas a expensas de la fiabilidad del sistema y, en última instancia, de los consumidor­es, las pondría a merced de los australian­os, que con su voto a Albanese en las recientes elecciones generales apoyan una acción más rápida contra el cambio climático.

Las generadora­s existentes preferiría­n estar lo más libres de cargas posible para competir en la transición energética. Pero, como descubrier­on los bancos tras 2008, suscitar el oprobio de la opinión pública y del Gobierno puede dar lugar a multas, a supervisió­n adicional y a años de distracció­n.

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