Abengoa entrega las alegaciones a la SEPI y aguarda una decisión hoy
Abengoa gasta la última bala para evitar la quiebra. La compañía envió ayer a la SEPI las alegaciones al rechazo provisional del ente público a su petición de rescate, por 249 millones. La participación de este organismo es clave para que se desatasque el resto del rescate y se salve a la empresa.
La SEPI comunicó el martes a Abengoa el rechazo provisional a su petición de rescate. Si bien el asesor económico, Grant Thornton, sí validaba la operación, la negativa se justificaba en el informe legal elaborado por PKF. Y en el papel de determinados pleitos que arrastra la compañía.
Abengoa presentó ayer las alegaciones pertinentes, dentro del plazo de 5 días que le dio la SEPI, en cuya sede llevan desde el martes encerrados un grupo de trabajadores. Trata de aclarar esas cuestiones legales para que el organismo autorice la operación.
El problema está en que el tiempo aprieta. Mañana se reunirá el último consejo de la SEPI en el que podrá dar el visto bueno a las operaciones de rescate empresarial, para que sean autorizadas por el Consejo de Ministros del lunes, o el extraordinario del sábado. En caso de que la SEPI cambie de opinión, tendría apenas un fin de semana para negociar con Abengoa los términos del rescate.
Paralelamente, los acreedores –entre los que destacan Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Crédit Agricole y los fondos Blue Mountain, KKR, Alden y Melqart– decidieron prolongar el martes tan solo por tres días la bula para no solicitar el concurso de acreedores de la compañía. Esta expirará mañana y, en el caso de que la SEPI se reafirme en el no, a partir del sábado podrán instar al concurso de Abenewco, la filial operativa que agrupa todos los activos operativos del grupo. Los intentos de los acreedores pasaban por evitar la quiebra de esta sociedad y de sus seis filiales, las que oficialmente han solicitado el rescate a la SEPI.
La matriz, Abengoa SA, está en concurso de acreedores desde febrero de 2021. Hace escasas semanas el juez decretó que en un mes la compañía debía presentar un convenio para la reestructuración de la deuda. Y los acreedores tendrían dos meses para sumarse. En caso contrario, el grupo andaluz, con una deuda de 6.000 millones y 5.000 empleos, se vería abocado a la liquidación.
Un no definitivo dejaría a la empresa al borde del concurso de acreedores