Los incentivos a las empresas ya se ensayaron y no funcionaron

“Los nuevos incentivos para los planes de pensiones de empleo no solo no son suficientes para hacer que una empresa los suscriba sino que, además ya se han ensayado en la década de los 2000 y no funcionaron para desarrollar el segundo pilar del sistema”. Este es el análisis del director de previsión social de March R. S., Álvaro Monterde, sobre los incentivos a los planes colectivos incluidos en la ley de fomento de los planes de pensiones de empleo aprobada esta semana en el Senado y que entrará en vigor tan pronto se publique en el BOE. Concretamente, se refiere a que las contribuciones empresariales a estos planes no cotizarán a la Seguridad Social con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supondrá un ahorro máximo de casi 400 euros por trabajador. Además, se incorpora una deducción en la cuota íntegra del impuesto de sociedades por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social en favor de trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros.

Unos incentivos similares, incluso mayores (porque hasta 2013 las aportaciones empresariales a planes de empleo estaban excluidas de la base de cotización) han estado ya vigentes en el ordenamiento español sin que el resultado haya sido un mayor uso de estos instrumentos de ahorro, asegura Monterde.

A esto los expertos del sector suman su queja al fuerte trasvase de los incentivos fiscales de los planes individuales a los colectivos, antes de saberse si estos serán suficientemente utilizados por las empresas, autónomos y administraciones.

Sin embargo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, respondió ayer a estas quejas sobre la insuficiencia de los incentivos incluidos en la ley, argumentando que estas ya suponen detraer dinero de las arcas públicas y por ello no los va a aumentar hasta no saber si son eficaces para su objetivo.