El Gobierno estudia el encaje técnico del cheque y la tributación a las energéticas
Todo apunta a que se bonifique en un 50% el abono transporte La prórroga de las medidas actuales podría ser hasta el 31 de diciembre
El Gobierno trabaja a marchas forzadas para cerrar el que será un nuevo decreto de medidas frente a la inflación, que aprobará el Consejo de Ministros extraordinario del sábado. Precisamente en este trabajo, donde están implicados varios ministerios, impera la ley del silencio, todo se puede hablar, dialogar, tratar, pero no será hasta el sábado cuando se conozcan la totalidad de las medidas y estas serán anunciadas por el preside te del Gobierno.
Tras el anuncio del miércoles del presidente, Pedro Sánchez, de rebajar nuevamente el IVA de la factura eléctrica del 10% al 5%, ahora los ojos se centran en una de las propuestas lanzada previamente por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Se trata del controvertido cheque de 300 euros para aquellas familias con menores ingresos que les ayude a sufragar el coste de la cesta de la compra. Fuentes de Hacienda reconocieron que el tema está encima de la mesa, pero que no hay una decisión tomada.
La impresión que se desprende de los distintos representantes del Ejecutivo es que, en general, se está de acuerdo con la música, pero ahora toca escribir la letra y que su conjunto no se conocerá hasta mañana sábado. Ahora es el momento de los técnicos, que son los que tienen que estudiar, valorar y poner en blanco sobre negro las medidas concretas.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tuvo ayer que responder a las preguntas de los periodistas, y se limitó a responder que el Ejecutivo trabaja en un conjunto de medidas para “frenar la inflación” y lograr “un reparto justo” del impacto de la guerra, con el objetivo de crear una “red de seguridad, apoyando a los más vulnerables pero también a la clase media”. Calviño explicó que “ahora es el momento” de acometer dicha rebaja para así “conseguir un importante alivio” para ciudadanos y empresas, ya que “los desarrollos de estas últimas semanas con el corte del gas y el petróleo rusos no están siendo positivos”.
Lo que sí parece que tiene visos de llevarse a la práctica es la rebaja a la mitad en el coste del transporte público, que todo indica puede canalizarse a través del abono transporte.
La otra medida destacada será la forma en que gravarán los beneficios extraordinarios de las grandes compañías que están obteniendo en la actualidad. Calviño declaró que el Gobierno trabaja en ello “desde el punto de vista técnico” para encontrar “el instrumento legal y financiero más adecuado”. “La prioridad es poner en marcha paquetes de medidas que sean eficaces” y, para ello, “identificar los objetivos y buscar los instrumentos más eficaces”, aseguró.
Lo que parece seguro es que las medidas actualmente en vigor se prorrogarán en las mismas condiciones al menos hasta el 30 de septiembre, si no hasta el 30 de diciembre. Dentro destaca la polémica rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, que todo indica que será con carácter general y no por nivel de renta como se llegó a plantear en algún momento. Esta medida no ha estado exenta de crítica y polémica durante estos primeros meses en que ha estado activa, ya que las sucesivas alzas de precios tanto de la gasolina como del gasoil se ha comido los 20 céntimos. Desde la invasión de Ucrania los precios de ambos combustibles se han disparado más de un 30%. En el caso de la gasolina el porcentaje de aumento se eleva hasta el 33% y el del diésel, el 38%. Estos precios se registran en un entorno de alzas constantes del crudo en el actual contexto.
Las medidas de emergencia hasta el 30 de junio tendrán un coste que se calcula en torno a los 7.000 millones de euros, con lo que su prolongación puede elevar el impacto fiscal a cerca de al menos 12.000 millones.