Juan Antonio Labat, director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española

El desarrollo de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética es uno de los desafíos importantes que debe afrontar el Gobierno a lo largo de los próximos meses en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, ya que de su configuración dependerá el futuro de nuestro país. No sólo desde el punto de vista ambiental, sino también desde una perspectiva económica.

Por el lado del clima, baste decir que la Unión Europea (y España como parte de ella) es quien está liderando la lucha contra el cambio climático, asumiendo responsabilidades y adoptando medidas mucho más exigentes que cualquier otra área del mundo, a pesar de que actualmente sólo representamos el 9% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (frente al 30% que hoy supone China o el 15% de Estados Unidos). La futura Ley no permitirá, obviamente, equilibrar la carga del esfuerzo internacional, pero sí puede corregir determinados defectos que permitan alcanzar con mayor efectividad los objetivos de reducción.

En primer lugar, conviene recordar que los compromisos que asume actualmente la UE en su política de lucha contra el cambio climático recaen principalmente en los sectores industriales y, proporcionalmente, en las industrias de nuestro país. Tan solo en el sector químico, la reducción de emisiones por tonelada producida (apoyada fundamentalmente en la mejora simultánea de los procesos productivos y de la eficiencia energética) supera el 50% respecto a 1990, evolución que ha sido similar en la mayoría de la industria de nuestro país.

Sin embargo, que el peso de los esfuerzos de reducción recaiga casi exclusivamente sobre la denominada economía productiva no parece razonable, ya que impacta sobre una actividad, la industrial, cuyos procesos apenas generan el 8% del total de las emisiones. Por ello, es fundamental que los esfuerzos en los objetivos de descarbonización recaigan sobre la sociedad en su conjunto y evitar así que los mismos comprometan la competitividad de la economía productiva. Especialmente sería necesario trabajar en la reducción de emisiones de viviendas/edificaciones y en el transporte.

También es imprescindible que el coste de los incentivos financieros públicos que faciliten la transición energética no se incorpore (ni vía impositiva ni vía peajes) a los costes del sistema

eléctrico que ya asume la industria. El precio de la electricidad, en apenas una década, se ha duplicado en España, perjudicando su competitividad industrial e impidiendo el crecimiento, crisis coyunturales aparte, de los sectores que generan mayor empleo estable, de calidad y alta cualificación, de las empresas que mayores recursos dedican a la innovación y el desarrollo tecnológico, y de las actividades que en mayor medida impactan en la generación de riqueza en un país. La tercera y última reflexión es que la verdadera transición energética no se podrá establecer en función de lo que dicte una norma, sino que vendrá determinada por la innovación tecnológica. Por tanto, es necesario que las inversiones en I+D+I cuenten con un marco de incentivos favorable, estable y predecible, tanto desde el punto de vista financiero como regulatorio.

Sin embargo, y dicho lo anterior, la Ley deber ser especialmente cuidadosa en favorecer un entorno tecnológicamente neutral para evitar el freno a tecnologías que podrían ser más competitivas si no se hubieran establecido incentivos particulares. En este sentido, es igualmente imprescindible no hacer apuestas por tecnologías inmaduras (la experiencia en años pasados nos lo confirma) y que la transición energética no sea contemplada como un proceso disruptivo, sino evolutivo.