La semana trágica de BARCELONA
EL AÑO 1909 SE INICIÓ CON ALFONSO XIII COMO MONARCA Y CON EL CONSERVADOR ANTONIO MAURA –DESDE EL 25 DE ENERO DE 1907, AL FRENTE DEL GOBIERNO–. ESPAÑA, QUE AÚN NO SE HABÍA RECUPERADO DEL DESASTRE MILITAR Y MORAL QUE SUPUSO LA PÉRDIDA, EN 1898, DE CUBA, PUERTO RICO, ISLAS FILIPINAS, ISLAS MARIANAS E ISLAS CAROLINAS, QUE ERAN LAS ÚLTIMAS COLONIAS DE ULTRAMAR QUE AÚN POSEÍA, VIVÍA INMERSA EN UN SISTEMA POLÍTICO DONDE DOS PARTIDOS, EL PARTIDO CONSERVADOR Y EL PARTIDO LIBERAL, SE TURNABAN PERIÓDICAMENTE EN EL GOBIERNO.
EL AÑO 1909 SE INICIA CON ALFONSO XIII COMO MONARCA Y CON EL CONSERVADOR ANTONIO MAURA –DESDE EL 25 DE ENERO DE 1907, AL FRENTE DEL GOBIERNO–. España, que aún no se había recuperado del desastre militar y moral que supuso la pérdida, en 1898, de Cuba, Puerto Rico, Islas Filipinas, Islas Marianas e Islas Carolinas, que eran las últimas colonias de ultramar que aún poseía, vivía inmersa en un sistema político donde dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, se turnaban periódicamente en el gobierno.
La alternancia política que se daba en España no era consecuencia del juego limpio democrático, sino de un sistema apañado de antemano, en el que el caciquismo y el pucherazo o adulteración de los resultados garantizaban el cambio entre conservadores y liberales en el poder, de modo que las corruptelas se sucedían y enmascaraban. Solo era cuestión de esperar turno para que cada partido tuviera su momento, y poco podían reprocharse el uno al otro. Ya decía Antonio Machado en su poema Del pasado efímero, que aquel hombre, protagonista de sus versos, auguraba: “... que vendrán los liberales, cual torna la cigüeña al campanario”. Y es que en ese sistema de alternancia acordada, la monarquía ejercía un papel de arbitraje. El resto de los partidos políticos quedaban marginados del poder, y solo conseguían representación en las zonas urbanas donde el caciquismo no lo tenía tan fácil. Aun así, los partidos que no eran el Conservador o el Liberal obtenían una representación escasa, ya que el sistema electoral de reparto de escaños favorecía descaradamente a los dos partidos mayoritarios.
EN CATALUÑA
En Cataluña, trabajadores socialistas, anarquistas, republicanos y otros de tendencia estrictamente societaria o profesional, se unieron y dejaron a un lado las antiguas rencillas tras la promulgación de la Ley de Jurisdicciones de 1906, una ley que militarizaba a la sociedad, al otorgar competencia a los tribunales militares para juzgar los delitos contra la patria y el ejército, que eran muchos, incluyendo la crítica periodística.
El movimiento obrero no podía presumir de haber estado unido; huelgas fracasadas, desorganización de los sindicatos y odio entre socialistas y anarquistas habían sido el pan de cada día. Ahora, los trabajadores intentaban reorganizar la antigua Federación Local Obrera barcelonesa, que tomaría el nombre de Solidaridad Obrera, como rechazo al acercamiento al Partido Conservador de Maura de Solidaridad Catalana, un partido formado por los catalanistas de la Lliga Regionalista, el Partido Carlista, los republicanos nacionalistas y los republicanos federales. El fin que perseguían los impulsores de la nueva federación era la unión de todos los trabajadores, ya que el resto de la sociedad catalana parecía estar integrada en Solidaridad Catalana, que en las elecciones generales de abril de 1907 había obtenido cuarenta y uno de los cuarenta y cuatro escaños que se elegían en representación de las cuatro provincias catalanas. El objetivo inmediato era dar nueva vida a las sociedades obreras, situarlas al margen de las luchas políticas para que fuesen el principal instrumento de defensa de los trabajadores.
En CATALUÑA, trabajadores socialistas, anarquistas, republicanos y otros de tendencia estrictamente societaria o profesional, se unieron tras la promulgación de la Ley de Jurisdicciones de 1906.
El 13 de agosto de 1907 la Federación Local Solidaridad Obrera se inscribió en el Registro de Asociaciones de Barcelona, y en el mes de marzo de 1908 amplió su ámbito de actuación convirtiéndose en una Confederación Regional, celebrando su primer congreso en septiembre de ese mismo año. A él asistieron delegados de más de ciento veinte entidades obreras de toda Cataluña. De este modo, el movimiento obrero parecía organizarse adecuadamente.
En el ámbito nacional, España, tras la pérdida de Cuba y las Filipinas, había buscado una mayor presencia en el norte de África, logrando en el reparto colonial efectuado en 1904 y en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906, el control sobre la zona norte de Marruecos. Simultáneamente, el antimilitarismo había arraigado progresivamente en los sectores más conscientes de la clase obrera.
Por lo que respecta a los socialistas, se había ido extendiendo la campaña antimilitarista promovida por la II Internacional, especialmente después del Congreso de París de 1900. Los anarquistas eran aún más duros, y en Cataluña lo demostraron con la publicación de obras como el Manual del soldado, que fue secuestrado por las autoridades, y con numerosos artículos en la prensa libertaria que criticaban al ejército y al militarismo.
EL ATAQUE DE LAS CABILAS A LOS OBREROS ESPAÑOLES
Era esta la situación social y política, cuando el 9 de julio de 1909 los obreros españoles que trabajaban en la construcción de un ferrocarril que uniría Melilla con las minas de Beni Bu Ifrur, propiedad de la Compañía del Norte Africano, de capital francés, pero de nacionalidad española, y de la Compañía Española de Minas del Rif, fueron atacados por las cabilas de la zona que se oponían a la penetración extranjera. El resultado de la acción fue la muerte de cuatro trabajadores. Este incidente,
que constituyó el inicio de la Guerra de Melilla, fue utilizado por el Gobierno de Maura para decretar el envío de las Brigadas Mixtas de Cataluña, Madrid y Campo de Gibraltar, además de otras unidades militares, con el objetivo de acabar con la rebelión rifeña y asegurar el control de la zona de influencia española en el norte de Marruecos.
En la orden de movilización se incluyó a los reservistas de los cupos de 1903 a 1907, medida muy mal acogida por las clases populares, debido a que la legislación de reclutamiento vigente permitía la exención de incorporación a filas presentando otra persona en lugar del reclutado, lo cual obligaba a este a pagar a su sustituto. También era posible librarse del reclutamiento mediante el pago de un canon de seis mil reales, cantidad que no estaba al alcance del pueblo. Hay que tener en cuenta que el sustento diario de un trabajador ascendía, en la época, aproximadamente, a diez reales, es decir, que se exigía para librarse del alistamiento el equivalente a casi dos años de sustento. Además, la mayor parte de los reservistas eran padres de familias en las que la única fuente de ingresos era su trabajo.
A partir de la publicación del decreto de movilización el día 10 de julio, se sucedieron las protestas en contra de la guerra en forma de artículos en la prensa, de mítines y manifestaciones, que, en muchas ocasiones, fueron prohibidos por el Gobierno. En algunas localidades se vivieron momentos de tensión con motivo de la salida de las tropas. En Madrid se produjeron incidentes en la estación de ferrocarril de Mediodía durante la noche y la madrugada del 20 al 21 de julio, cuando se procedió al embarque de la Brigada Mixta de Madrid al mando del general Pintos. También los hubo en las estaciones de tren de Zaragoza y de Tudela. El Gobierno, ante la presión popular y de la prensa, acordó el 23 de julio conceder una pensión de cincuenta céntimos diarios a las esposas e hijos huérfanos de madre de los reservistas movilizados, pretendiendo así sosegar los ánimos. Pero eso no aliviaba a los reservistas, incluso los dichos populares hablaban del destino probable de los reclutas. Se decía: “Hijo quinto sorteado, hijo muerto y no enterrado”.
LAS PRIMERAS PROTESTAS
En Barcelona, los embarques de tropas en el puerto comenzaron el día 11 de julio de 1909 sin que se produjeran incidentes. Pero en la tarde del domingo 18 de julio, cuando se procedía al embarque del batallón de Cazadores de Reus, integrado en la Brigada Mixta de Cataluña, la tensión estalló. Algunos soldados arrojaron al mar los escapularios y medallas que varias aristócratas barcelonesas les habían entregado antes de subir al vapor militar Cataluña, mientras hombres y mujeres gritaban desde los muelles: “¡Abajo la guerra! ¡Que vayan los ricos! ¡Todos o ninguno!”.
La policía tuvo que hacer varios disparos al aire y detuvo a varias personas. Las protestas aumentaron en los días siguientes cuando llegaron noticias de que se habían producido gran número de bajas entre los soldados españoles llegados a Marruecos.
El jueves 22 de julio de 1909 los diputados de Solidaridad Catalana se hicieron eco del sentimiento popular y exigieron al Gobierno la reunión inmediata de las Cortes para debatir la cuestión de la guerra y las condiciones de reclutamiento de las tropas expedicionarias. Solidaridad Obrera, por su parte, pretendía convocar abiertamente una huelga general para el
Algunos SOLDADOS arrojaron al mar los escapularios y medallas que varias aristócratas barcelonesas les habían entregado antes de subir al vapor militar Cataluña, mientras hombres y mujeres gritaban: "¡Abajo la guerra!".
sábado 24 de julio, pero por presiones del gobernador civil e indecisiones propias, acabó constituyendo un comité de huelga clandestino. Estaba integrado por Antoni Fabra i Ribas –un socialista que intentó sin éxito que la movilización barcelonesa se pospusiera para que coincidiera con la huelga general que el PSOE y la UGT iban a convocar en toda España, y que, finalmente, tuvo lugar el 2 de agosto con poco seguimiento, debido a las medidas represivas adoptadas por el Gobierno que incluyeron la detención, en Madrid, el 28 de julio, de Pablo Iglesias y el resto de la cúpula dirigente socialista–, Miguel Villalobos Moreno –profesor racionalista que había representado a los peones albañiles en el Congreso de Solidaridad Obrera de 1908, y cuyo verdadero nombre era José Sánchez González, muy próximo al pedagogo libertario Ferrer Guardia–, y el anarquista Francisco Miranda, máximo dirigente.
COMIENZAN LOS ENFRENTAMIENTOS
En la tarde del lunes 26 de julio comenzaron los enfrentamientos entre piquetes de huelguistas y las fuerzas del orden. Por la noche la huelga había alcanzado un rotundo éxito tanto en Barcelona como en Sabadell, Tarrasa, Badalona, Mataró, Granollers y Sitges, pero la protesta fue tomando un carácter insurreccional no previsto inicialmente. En distintos lugares los huelguistas tomaron prácticamente las ciudades. En Sabadell se llegó a proclamar la República. El martes por la mañana comenzaron a le
vantarse barricadas en las calles y la huelga se convirtió en una rebelión popular. De la protesta antibélica se pasó al incendio generalizado de iglesias, conventos y escuelas religiosas, ante la impasibilidad del ejército. El anticlericalismo se convirtió así en sustituto del antimilitarismo.
Entre la una y media y las tres y media de la tarde del martes 27 de julio de 1909 en Barcelona comenzaron a arder los conventos. Esto exigió una buena coordinación, más aún si tenemos en cuenta la considerable extensión de la ciudad y las dificultades de comunicación. Se dijo entonces que los incendiarios eran pequeños grupos de ocho a diez personas que es reunien al "so de pitos i campanetes". El público aplaudía la labor de los incendiarios y los vecinos obligaban incluso a retroceder a los bomberos cuando estos pretendían actuar para sofocar los incendios. Parece ser que los lerrouxistas tuvieron una participación importante en el incendio de los edificios religiosos, pero también hubo una intervención destacada de los anarquistas jacobinistas y ultraviolentos, que actuaron impulsados por una verdadera piromanía. Coincidieron, pues, en la práctica y en los objetivos, lerrouxistas y anarquistas. Si queremos referirnos a la adscripción ideológica de los incendiarios tendremos que aludir a un conglomerado de grupos que iba desde los republicanos radicales hasta los marginados y desarraigados sin ideología, para los que cualquier motivo era suficiente para desatar su violencia.
El miércoles 28, la revuelta, carente de dirección y de objetivos, inició su declive. Los aspectos más relevantes eran entonces la ausencia de autoridad, el entusiasmo de la gente que combatía en las barricadas, la deslealtad de las tropas de guarnición en Barcelona, la negativa de muchos guardias de seguridad y policías a disparar contra el pueblo y el papel de la Guardia Civil como primera fuerza represora. Este día terminaron su tarea los incendiarios. El jueves llegaron tropas de refuerzo procedentes de Valencia, Zaragoza, Burgos y Pamplona, que dominaron los últimos focos de la insurrección entre el viernes y el sábado.
El balance de los disturbios de la ciudad de Barcelona se saldó con un total de setenta y ocho muertos, setenta y cinco de ellos civiles y tres militares; medio millar de heridos y ciento doce edificios incendiados, de los que ochenta eran religiosos. El Gobierno Maura, por medio de su ministro de la Gobernación Juan de la Cierva y Peñafiel, inició la represión de inmediato, el 31 de julio, además, para aislar el movimiento insurreccional de Cataluña del resto de la Península, el ministro lo calificó de separatista. Este calificativo parece que influyó notablemente en el mantenimiento de la normalidad en el resto del Estado que, sin duda, también estaba descontento y dispuesto a estallar.
Se detuvo a unas dos mil personas, resultando casi doscientas penas de destierro, cincuenta y nueve cadenas perpetuas y cinco condenas a muerte. Además se clausuraron los sindicatos y se ordenó el cierre de las escuelas laicas.
Los cinco reos condenados a muerte fueron Josep Miquel Baró, un nacionalista republicano ejecutado el 17 de agosto de 1909 en el castillo de Montjuïc, como los otros cuatro; Antonio Malet Pujol, un republicano lerrouxista, ejecutado el 13 de septiembre; Clemente García, el joven discapacitado mental que había bailado con el cadáver de una monja por las calles de Barcelona, ejecutado el 4 de octubre; Eugenio del
El balance de los disturbios de la ciudad de BARCELONA se saldó con un total de setenta y ocho muertos, setenta y cinco de ellos civiles y tres militares; medio millar de heridos y ciento doce edificios incendiados, de los que ochenta eran religiosos.
Hoyo, un ex guardia civil y guardia de seguridad; y el más conocido de todos ellos, Francisco Ferrer Guardia, pedagogo de tendencias anarquistas, cofundador de la Escuela Moderna. Ferrer, finalmente, sería ejecutado el 13 de octubre, a pesar de las peticiones de conmutación de la pena, una posibilidad que el presidente del Gobierno, el conservador Antonio Maura, ni siquiera se planteó. La propia hija de Ferrer le envió una carta al rey Alfonso XIII pidiendo clemencia para su padre.
La ejecución de Ferrer tuvo repercusión durante meses en la prensa mundial, que transmitió de España la imagen de un país atrasado y bárbaro dominado por la inquisición religiosa y por una monarquía retrógrada. En París hubo banderas españolas con crespones negros y quemas de símbolos nacionales. En Suiza los manifestantes gritaban contra España y los curas. En Roma y Lisboa se produjeron actos parecidos, y en Buenos Aires se lanzaron artefactos explosivos contra el consulado español. Hubo mítines en Salónica, y en Génova los trabajadores de los muelles se negaron a descargar buques españoles. En Petrópolis, una ciudad de Brasil, se quemó una efigie del rey, y en Gran Bretaña hubo varias protestas por la ejecución de Ferrer. En todo el viejo continente los diplomáticos españoles no cesaron de enviar en sus comunicaciones juicios como los de que la protesta había alcanzado “inconcebibles e inexplicables proporciones”.