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LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA
EN ABRIL SE CUMPLEN 90 AÑOS DE LA
SEGUNDA REPÚBLICA. BUSCAMOS LAS CLAVES QUE CONVIRTIERON A ESTA GRAN ILUSIÓN MODERNIZADORA EN UN COMBATE FRATRICIDA.
ILUSIÓN FALLIDA
LA DÉCADA DE LOS AÑOS 30 DEL SIGLO XX, UNA DE LAS MÁS AGITADAS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA, CONVIRTIÓ A LA SEGUNDA REPÚBLICA EN UN TIEMPO DE CONTRASTES. DE UNA GRAN ILUSIÓN MODERNIZADORA SE PASÓ A UN COMBATE FRATRICIDA.
EN 1929 GOBERNABA ESPAÑA, CON EL BENEPLÁCITO DE ALFONSO XIII, LA DICTADURA DEL GENERAL MIGUEL PRIMO DE RIVERA, QUE HABÍA LLEGADO AL PODER EN SEPTIEMBRE DE 1923 TRAS UN GOLPE DE ESTADO, Y SE ENFRENTABA YA A UNA CRECIENTE OPOSICIÓN TANTO EN LOS CÍRCULOS CIVILES COMO MILITARES. Las conspiraciones armadas en contra del régimen eran cada vez más frecuentes y, en enero de 1929, surgió una en Valencia encabezada por el antiguo miembro del gabinete José Sánchez Guerra –había sido ministro de Gobernación y de Fomento–, con la que se intentó conseguir el retorno al sistema liberal. Fue un rotundo fracaso; quedó arrancada de raíz por el capitán general de la III Región Militar, Alberto Castro Girona, la misma persona que había elegido Sánchez Guerra para liderarla, pero acabó por contribuir en gran manera al desprestigio de la dictadura y de la monarquía que la protegía.
En diciembre de ese año Primo de Rivera propuso institucionalizar el régimen mediante una Asamblea Nacional consultiva formada por 250 senadores y 250 diputados, elegidos 3 por provincia y otros 100 a través de una lista nacional, lo que acabó sentenciando a su Gobierno. Las protestas se generalizaron de tal manera que acabaron por arrastrar también a la figura del rey.
El 28 de enero de 1930, ya sin la confianza de Alfonso XIII, Primo de Rivera dimitió, y el monarca llamó al general Dámaso Berenguer para que ejerciera de presidente y nombrara nuevos ministros.
Berenguer ni supo, ni pudo, volver de la dictadura al régimen constitucional en un momento en que la opinión pública jugaba ya un papel muy activo en la vida política. Con apoyos solo en el sector más caduco y conservador de la nación, enseguida se levantaron contra él tanto la extrema derecha como la izquierda. Desde la Unión Patriótica, convertida en Unión Monárquica Nacional, que perdió a gran parte de sus seguidores, pasados al campo republicano, hasta la UGT y el Partido Socialista, en el que predominaba la tendencia antimonárquica que representaba Indalecio Prieto.
La oposición a Alfonso XIII, al gobierno de Berenguer y a las instituciones gubernamentales consideradas partícipes de la monarquía, se fraguó definitivamente el 17 de agosto de 1930, en el casino de la Unión Republicana de San Sebastián, mediante una heterogénea alianza totalmente antimonárquica.
En la reunión estuvieron presentes tendencias republicanas de lo más diverso, desde los que abogaban por una república de carácter
LA OPOSICIÓN A ALFONSO XIII, AL GOBIERNO DE BERENGUER Y A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CONSIDERADAS PARTÍCIPES DE LA MONARQUÍA, SE FRAGUÓ DEFINITIVAMENTE EL 17 DE AGOSTO DE 1930.
conservador, como Miguel Maura o Alcalá-Zamora, hasta los nacionalistas catalanes. Se trataron temas que iban desde el principio de autodeterminación de Cataluña hasta la convocatoria de unas Cortes Constituyentes y la creación de un gobierno provisional que constaría de un Comité Ejecutivo, formado por Alcalá-Zamora, Prieto, Azaña, Casares, Aiguader y Galarza, y de una Comité Suplente (Maura, Macià, Sánchez Román y Alonso Mallol) que pudiera sustituir a este primero en el caso de que fueran encarcelados y una comisión gestora dirigida por Lerroux. El Comité Ejecutivo y el Comité Suplente conformarían el Comité Revolucionario Nacional Político (CRN), que, llegado el momento, sería también el encargado de tratar con socialistas, anarcosindicalistas y comunistas, además de buscar apoyo en el ejército.
Las relaciones entre el CRN y el Ejército se canalizaron a través de la Asociación Militar Republicana (AMR), que entroncaba con otras asociaciones militares clandestinas de corte similar nacidas durante el siglo anterior. La dirigía el general Queipo de Llano y a ella se habían sumado un gran número de oficiales desde el verano de 1930.
El 19 de octubre, tras un largo proceso de negociación con la Comisión Socialista formada por Besteiro, De los Ríos y Largo Caballero, se sumaron también al Pacto de San Sebastián PSOE y UGT. El CRN les concedió tres de las carteras del Gobierno Provisional.
El Gobierno, muy débil, no aguantó mucho. Fue sometido a tales presiones políticas por los incidentes revolucionarios prorepublicanos que dieron lugar a la sublevación de Jaca el 12 de diciembre de 1930, y tres días más tarde a la de Cuatro Vientos, que cayó el 14 de febrero de 1931. Eso supuso que el rey encargara formar un nuevo Gabinete al almirante Juan Bautista Aznar, prácticamente con la única intención de salvar la monarquía.
En las elecciones municipales que se celebraron el domingo 12 de abril, los republicanos perdieron los comicios en el conjunto del país, pero ganaron en casi todas las capitales de provincia. Eran otros tiempos, y los partidos monárquicos se dieron por vencidos y cedieron sin resistencia el poder. El rey lo entendió como un rechazo a su persona y, la noche del día 14, embarcó en Cartagena en el crucero Príncipe Alfonso y zarpó hacia Marsella en un exilio voluntario. Mientras, en España se proclamaba la República por segunda vez. La primera autoridad de la monarquía en reconocer como nuevo gobierno al "comité revolucionario" fue el general José Sanjurjo, director de la Guardia Civil.
El 15 de abril se publicó en el diario oficial, la Gaceta de Madrid, el decreto en que se comunicaba la toma del poder por el Gobierno Provisional de la República y, a continuación, otro decreto en que se nombraba presidente a Niceto Alcalá-Zamora, que hasta entonces había sido ministro de Fomento y ministro de la Guerra. Asumiría, además, las funciones de jefe del Estado, ejercidas hasta ese momento por Alfonso XIII. A continuación, Alcalá-Zamora formó un Gabinete compuesto por republicanos de izquierda y derecha, socialistas y nacionalistas gallegos y catalanes. El decreto por el que se adoptaba como bandera nacional la tricolor no se publicó en la Gaceta de Madrid hasta el 28 de abril.
EL EJÉRCITO. LA ESPADA DE DAMOCLES DEL GOBIERNO
Como primera medida, además de aprobar el Estatuto jurídico que regiría sus actos, el Gobierno concedió una amnistía para los delitos políticos. Más tarde, el 3 de junio, convocó elecciones legislativas para el día 28 de ese
mismo mes. Hasta esa fecha, dictó una serie de decretos que regulaban distintos ámbitos, desde el agrario al laboral o al educativo. Los referentes a la imprescindible reorganización del Ejército, que entre 1927 y 1930 ya había sido reducido aproximadamente de 200.000 a 130.000 hombres –una medida que apenas había afectado a los que permanecían en él de manera voluntaria, por lo que buena parte de los militares africanistas mantuvieron sus puestos–, los impulsó Manuel Azaña, miembro del partido Acción Republicana, que fue nombrado ministro de la Guerra.
Hasta entonces, quizá lo más llamativo fuera que la llegada de la República no había supuesto ningún rechazo por parte de los africanistas, que no guardaban ninguna preferencia especial por el sistema de Gobierno ni tenían una ideología muy definida más allá de la exaltación de la patria y el orden; de hecho, habían tenido fricciones con Primo de Rivera por sus tesis abandonistas respecto al Protectorado de Marruecos. Prácticamente en su totalidad, junteros –en general destinados en la Península– y africanistas acataron sin grandes convicciones la exigencia del juramento de fidelidad a la República y aceptaron el cambio político tranquilizados con medidas como el nombramiento, en abril, de Sanjurjo como alto comisario en Marruecos.
Lo que sí reabrió las tensiones entre militares destinados en África o en la Península fueron las medidas de Azaña. De hecho, la anulación de la antigüedad adquirida con los ascensos por méritos de guerra, por considerarla excesiva –que dejaba a veteranos de las campañas de Marruecos como Mola, Franco, Varela, Manuel Goded, Queipo de Llano, Yagüe o Alonso Vega al final del escalafón–; la supresión de oficiar misa en los cuarteles o el cierre de la Academia de Zaragoza –donde Franco inculcaba desde su puesto de director los valores africanistas– comenzaron a predisponer a muchos contra el Gobierno y a sentar las bases de su descontento. Franco y Mola trataron de convencer a Azaña para que diera marcha atrás, pero no tuvieron éxito. A pesar de ello, aceptaron la situación con resignación y se mantuvieron cautos, como el resto de sus compañeros; muy pocos apoyaron a Sanjurjo cuando intentó dar un golpe de Estado en 1932.
Por lo demás, en 1931 nadie ponía en duda que el Ejército español mostraba graves deficiencias de identidad, ordenación y tecnificación; máxime cuando la crisis de 1917 había hecho que recuperase el papel político que había perdido durante la Restauración y sus funciones se habían reducido a la mera vigilancia del orden público y a la ocupación del territorio marroquí. Tenía dos graves deficiencias internas: la hipertrofia de la oficialidad respecto al número de soldados y los escasos recursos bélicos con los que contaba, gran parte de ellos obsoletos, cuando no sencillamente inservibles.
EL CIERRE DE LA ACADEMIA DE ZARAGOZA –DONDE FRANCO INCULCABA DESDE SU PUESTO DE DIRECTOR LOS VALORES AFRICANISTAS– COMENZÓ A PREDISPONER A MUCHOS CONTRA EL GOBIERNO .
El 25 de abril se publicó un primer decreto firmado por el ministro de Guerra que reducía las escalas de generales, jefes y oficiales. Ofrecía un retiro extraordinario con paga completa –la que correspondía por empleo, sin más complementos– y amenazaba con obligar al retiro forzoso a los militares que no estuvieran dispuestos a aceptar el ofrecimiento. El resultado fue la reducción de 100 generales y asimilados entre 1931 y 1932 –de 190 se pasó a 90–, y de 8.203 jefes y oficiales –de 20.576 a 12.373.
Erróneamente no se incluyó en el decreto la reducción de la edad de retiro, por lo que los jefes y oficiales que se quedaron eran los más antiguos en sus empleos, lo que, principalmente, impidió que se rejuvenecieran las escalas de generales y coroneles.
El segundo punto de la reforma fue suprimir todas las unidades de infantería, caballería, artillería e ingenieros que estaban en cuadro. Se consiguieron así menos regimientos, pero más completos. Con ellos se inició la modernización de armamento y equipo a partir de 1935, cuando ya ejercía como ministro de Guerra José María Gil-Robles.
La reforma se incrementó con otros decretos, como el de 14 de julio de 1931, que fusionaba la escala de Reserva Retribuida, en la que estaban los oficiales ascendidos desde que habían entrado en filas, con la de los oficiales graduados en las academias militares; la ley de 4 de diciembre de 1931, que creó el cuerpo de suboficiales o la ley de 12 de septiembre de 1932 sobre reclutamiento y ascensos de la oficialidad.
No hubo tiempo para que fructificara la idea de Azaña de que la carrera militar atrajera a jóvenes con al menos un curso universitario de ciencias aprobado, que, tras un corto paso por el empleo de suboficial, pasarían a ocupar una de las plazas que la ley les reservaba –el 60 % del total–. Al contrario, el Ejército que organizó el ministro acabó por heredar en buena parte la actitud de los militares "junteros" de los que hablábamos antes, por lo que no tardó en politizarse demasiado.
La reforma, aunque se desarrolló con tacto y oportunidad, no logró alcanzar sus máximos objetivos, como las circunstancias posteriores
no dejaron de evidenciar. Los obstáculos más importantes fueron la falta de tiempo y, sobre todo, de recursos financieros con los que modernizar humana y materialmente el que se pretendía que fuera nuevo ejército republicano.
EL MOMENTO DEL CAMBIO
Las elecciones generales para la formación de Cortes Constituyentes tuvieron lugar el 28 de junio, como estaba programado. Con la derecha monárquica aún traumatizada y una derecha liberal que apenas se había adaptado al régimen republicano, el centro radical y las izquierdas republicanas y socialistas se impusieron en las urnas. La Constitución que comenzó a redactarse definía el régimen como una "República de trabajadores de toda clase"; se caracterizó por consagrar un poder legislativo muy fuerte, en contraste con un Ejecutivo subordinado al anterior y una presidencia con escasos poderes.
Por lo demás, hacía por primera vez realmente universal el derecho al voto, permitía el femenino y presentaba dos artículos que serían muy debatidos: el 26, relativo a la cuestión religiosa, y el 32, que reconocía el derecho a conformar regiones autónomas dentro de la estricta unidad de España, definida como Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones.
Aprobada la Constitución el 9 de diciembre, las Cortes sancionaron el nombramiento del primer presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, quien a su vez designó como presidente del Gobierno a Manuel Azaña. Al no disponer de un grupo con mayoría en la Cámara, Azaña gobernó durante los dos años siguientes en una amplia coalición con republicanos de izquierda y socialistas. Una de sus primeras medidas fue convertir en leyes todos los decretos que el Gobierno había evacuado en su etapa provisional.
La cuestión religiosa fue una de las que más crisparon a la sociedad de los años treinta del siglo XX, al pretender el Gobierno reducir la extraordinaria fuerza económica y social de la Iglesia católica. Los incidentes más graves sucedieron en mayo de 1932, tras la pastoral del día 1 del cardenal primado de Toledo, Pedro Segura, y la fundación del Círculo Monárquico en Madrid. Una serie de enfrentamientos condujeron al intento de incendio del diario ABC, reprimido por la Guardia Civil, que acabó con dos muertos; esto produjo una oleada de asaltos e incendios de edificios religiosos que se extendió durante cuatro días por Madrid, Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Alicante y Valencia; más de un centenar de ellos, tesoros artísticos incluidos, fueron pasto de las llamas.
La quema de conventos supuso un duro golpe para el Gobierno, que fue acusado de debilidad, pero lo peor fue que rompió la cordialidad entre partidos que se había dado hasta entonces. Máxime cuando conservadores y liberales pretendieron reducir la reforma religiosa a la separación entre Iglesia y Estado y a firmar un nuevo concordato, mientras que radicales y socialistas exigían la expulsión de las órdenes religiosas y las restricciones al culto.
Otro grave problema que se decidió solventar fue la reforma agraria, que se había abordado ya en casi todos los países europeos y pretendía afrontar la resolución del problema del campo español, con graves deficiencias de tecnificación, inversión y propiedad. Se presentaron ante las Cortes varios proyectos que, bien por su relevancia o su mesura, encontraron la oposición de unos y otros, y acabó por ser aprobada gracias al fracaso del golpe de Estado de Sanjurjo. La ley, basada en la expropiación, con o sin indemnización, de grandes latifundios situados en Andalucía, Extremadura, sur de La Mancha y Salamanca, también dividió a la población, en este caso a la rural, en grado similar o superior a la cuestión religiosa. De una parte, su deficiente y lenta aplicación decepcionó a buena parte del campesinado, lo que contribuyó claramente a su radicalización; por otra, hizo que se consolidara un fuerte grupo de oposición al Gobierno formado por medianos y grandes propietarios que se organizaron en ligas y patronales decididas a boicotear su aplicación por cualquier medio.
El Gobierno abordó también el problema nacionalista. La proclamación del Estado catalán por Macià hizo necesaria la instauración de la Generalidad y, en agosto de 1931, Cataluña votó en referéndum su estatuto de autonomía que, tras un tortuoso paso por las Cortes, fue aprobado en septiembre de 1932. Caso muy diferente fue el del País Vasco, donde la redacción del estatuto de autonomía dividió profundamente a la sociedad; se prepararon hasta tres proyectos distintos y el respaldo plebiscitario no se produjo hasta noviembre de 1933, mientras su aprobación en las Cortes se realizó ya en octubre de 1936. En Galicia se potenció la política nacionalista con el Partido Galleguista, creado en 1931 por Vicente Risco, pero fue un proceso lento; la redacción del estatuto no se concretó hasta finales de 1932 y el referéndum se celebró en junio de 1936, entrando para su aprobación por las Cortes el 18 de julio. La sublevación militar impidió su puesta en vigor. En el resto de los casos la articulación en regiones autónomas nunca llegó a materializarse, bien por el enfrentamiento de las distintas fuerzas políticas o por no tener suficiente respaldo popular.
Antes de las elecciones convocadas para noviembre de 1933, el panorama político ya había variado en relación con los comicios anteriores. En esta ocasión, la incógnita de los seis millones de papeletas de mujeres que votaban por primera vez, la aparición