Corrupción en la seguridad vial
Está claro que la corrupción es un mal que afecta a algunas o muchas personas, independientemente de sus creencias o tendencias políticas y, en especial, a las que tienen posibilidad de manejar fondos o controlar el poder. Desgraciadamente llevamos unos cuantos años conociendo casos de algunos personajes cercanos a diferentes partidos políticos que han sido muy graves, tanto que incluso le ha costado el poder al anterior Gobierno de España.
Una de las últimas intervenciones de la UDEF ha estado relacionada con alcaldes, concejales y policías de diferentes localidades españolas, detenidos por corrupción en la gestión del tráfico y la seguridad vial. Entre las irregularidades investigadas desde el año 2010 están la compra de sistemas informáticos, programas y dispositivos para la gestión de multas en ayuntamientos. Algunas personas implicadas en el asunto falsearon los datos de siniestralidad y los índices de velocidad para justificar la compra e instalación de radares en zonas en las que no existía ningún peligro, únicamente con afán recaudatorio. Se pactaban sobrecostes en las operaciones para lograr mayores beneficios y, en muchas ocasiones, se manipulaban los pliegos de condiciones para que la adjudicación recayera siempre en una de las empresas defraudadoras. Así, los implicados recibían ingresos directos por las operaciones realizadas, regalos de importante valor económico o un trato preferente en medios de comunicación, ya que uno de los detenidos, un importante empresario relacionado con prensa, radio y televisión, daba un trato preferente a las empresas gestoras. Vecinos de algunas localidades de una docena de comunidades afectadas por este asunto han reaccionado para intentar recurrir las multas «gestionadas» irregularmente, aunque los organismos competentes afirman que las multas son correctas, pues las infracciones sí han sido cometidas. Pues no parece muy justo, la verdad.