Convenios, ‘game over’
El Gobierno y la patronal piden “responsabilidad” el día en el que hasta 1,3 millones de empleados perdieron su acuerdo Los sindicatos creen que la negociación de pactos bloqueados avanza
La muerte anunciada de cientos de convenios colectivos en España ha causado una situación insólita. El Gobierno, impulsor de la prórroga de un año para acuerdos moribundos a través de la reforma laboral, y las patronales salieron al paso para quitar hierro al game over que ha irrumpido en muchos convenios como si se tratara del final de la partida de un videojuego y pidieron “responsabilidad”. En cambio, los sindicatos se mostraron tranquilos al considerar que la negociación de pactos bloqueados avanza a buen ritmo. Ayer fue el último día de vida efectiva de los convenios colectivos que perdieron su vigencia hace, como mínimo, un año al no ponerse de acuerdo los trabajadores y los empresarios. A partir de hoy, se irán produciendo los vencimientos de otros pactos que hace menos de un año que están bloqueados. Las estimaciones sobre los afectados están muy distanciadas entre patronales y sindica- tos. Mientras la CEOE cifró ayer en 726.750 trabajadores los que tienen un convenio caducado, los sindicatos cuantificaban los damnificados por el tsunami de la reforma laboral en 1,3 millones de empleados.
Solución de conflictos
El abismo que se podía abrir ante los trabajadores por tener que depender de un convenio con peores condiciones laborales o incluso del nivel básico del Estatuto de los Trabajadores no solo puso nerviosos a los sindicatos y a sus representados en la cuenta atrás, sino también a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y al presidente de la CEOE, Juan Rosell.
La patronal recordó que existe un acuerdo marco firmado con los sindicatos para solucionar con mediaciones y arbitrajes los conflictos. Pese a los llamamientos a la prudencia, los sindicatos indicaron que algunas empresas anunciaron ayer mismo a su plantilla la muerte de su convenio de referencia y su dependencia a partir de ahora de otros acuerdos en peores condiciones, que contemplan como referente el salario mínimo interprofesional (SMI) de 645 euros al mes. La inseguridad jurídica y la judicialización del conflicto es lo que ha llevado a bufetes como Sagardoy a recomendar a las empresas y gremios que asesora que actúen con “prudencia”.
Optimismo
A pesar del fin de la ultraactividad, el secretario de acción sindical de CCOO, Ramón Gorriz, se mostró optimista porque las negociaciones en distintos sectores “siguen avanzando”. Gorriz informó ayer de que, entre el 22 de junio y el 7 de julio, se han computado en el registro de convenios oficial 52 convenios, 32 sectoriales y 20 de empresa o grupo, lo que a su juicio son buenas noticias para la negociación colectiva.
No lo ve igual el secretario federal de MCA-UGT, Manuel Fernández Lito, quien, desde Oviedo, subrayó ayer la situación “dramática” a la que se llegará en numerosas empresas que no han renovado sus convenios colectivos, una realidad afectará en mayor medida a los trabajadores de las pymes.