‘Procés’ visto para sentencia

Como quiera que ayer sábado 15 tuvo ese momento del carnaval en el que todos se quitan la máscara y tantos rostros descubren la vulgaridad de sus facciones antes adornadas de porcelanas gozosas, me quedo para esta nota con las impresiones obtenidas en esa otra exposición pública (también espectáculo) recién clausurada que ha sido el juicio practicado en el Tribunal Supremo a los «doce apóstoles» del procés que no huyeron de España tras el desolador espectáculo del 1 de octubre de 2017.

Después de casi más de 50 días de vista oral y cerca de 450 testigos interrogados por las partes, centenares de videos y otras pruebas, una y otra parte se mantienen en sus trece: los fiscales seguros de que el 1-0, y los días anteriores y posteriores, se dio en Cataluña una situación de rebelión contra el Estado (golpe de Estado lo califican nuestras derechas), y los separatistas poco menos que alborotos rechazados con violencia por la policía del Estado.

Así que asoma la pregunta inquietante en no pocos observadores y analistas del fenómeno político e insurreccional de para qué ha servido este largo tiempo en vilo y tanta alerta informativa y política. Y una duda aún más gruesa: ¿se ha juzgado lo mollar del caso?

Porque para muchos el gran desafío al Estado se produjo días antes del funesto simulacro de referéndum, cuando el gobierno catalán y sus entornos, Asamblea Nacional de Cataluña, Ómnium Cultural (también la CUP tan agitadora y violenta)

y el Parlamento catalán se pasaron por el arco del triunfo todas las leyes aplicables al caso de desafección en marcha.

Desentendieron las resoluciones del Gobierno de España; del Tribunal Constitucional; los autos del Supremo; las advertencias de la Fiscalía del Estado; diligencias de los Tribunales de Justicia catalanes y aún las advertencias de sus propios servicios jurídicos en el Parlamento catalán.

Desobedecieron a las más altas instituciones del Estado (y repudiaron al Rey) hasta concluir en una declaración, entre ridícula y apocada, de independencia. Esa sería la auténtica felonía del independentismo en rebeldía que no se juzga.

Se ha colocado en el punto de mira de la ley los acontecimientos que rodearon el 1--0. Sí, un simulacro de referéndum ilegal, un alboroto fenomenal y el desafío de unos políticos separatistas que habían llevado a una parte muy notable de la población catalana hasta el abismo emocional de la independencia y que concluyó en una emboscada en la que calló el Gobierno de Mariano Rajoy, ayuno de inteligencia e incapaz, al que le fallaron (o acaso no escuchó) los servicios de inteligencia.

Así que todo desembocó en algaradas y enfrentamientos con las fuerzas del orden no más desmesurados que otros muchos habidos, y por haber, pero que fueron la coartada para que los separatistas elevaran su impacto a la categoría de gran represión policial, tildando a España de país opresor y a su Gobierno de antidemocrático y heredero del franquismo.

De todo ello, la Fiscalía del Estado y otras acusaciones entienden que hubo rebelión y las defensas de los 12 poco menos que alborotos y represión policial y política: se arrolló a palos el deseo democrático y pacífico de un pueblo que solo aspira a la independencia: un derecho humano.

Menos mal que se refuerza la confianza (bastante) en un tribunal que ha actuado de manera impecable y hasta brillante en toda la vista oral. Se confía en que son jueces maduros y muy experimentados; con diferentes pareceres sobre los acontecimientos, pero a buen seguro responsables con su misión. Su sentencia será criticada y recurrida porque los 12 solo creen en su inocencia más absoluta; pero su fallo será la única certeza con la que debiéramos seguir caminando en adelante en este largo proceso.

Porque el diálogo y la política, que tanto reclaman más allá del Ebro, aún no han sido practicados por los señores de la Generalitat. Lo únicos que persisten en la urgencia de enfriar y ordenar el conflicto están en el Gobierno de España.

«Su sentencia será criticada y recurrida»