CONSO DOMÍNGUEZ
El diagnóstico de una discapacidad, física, orgánica, sensorial o mental es una circunstancia que, probablemente, acompañará el resto de la vida a la persona e influirá en cada una de las parcelas de la misma.
Por supuesto en el ámbito sanitario también. La forma en que otras dolencias les afecten e influyan y la forma en que el propio sistema sanitario se acerque a estas personas también estará condicionada por la discapacidad sufrida. Por ello los protocolos de actuación se han debido actualizar y adaptar para atender a las necesidades especiales derivadas de la discapacidad.
La Junta de Andalucía explica que «todas las personas con discapacidad, al igual que el resto de la población andaluza, tienen derecho a una atención integral de salud, que incluye las actividades de promoción de la salud, salud pública, prevención de las enfermedades, acciones curativas y rehabilitadoras, tanto en los niveles de Atención Primaria, como de Asistencia Especializada; así como a las prestaciones farmacéuticas, complementarias y de información y documentación».
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación así como el Servicio Andaluz de Salud, ofrecen una serie de servicios y actuaciones destinados a cubrir las necesidades de las personas discapacitadas en los distintos aspectos de su vida cotidiana, con el objeto de garantizar la dignidad y la igualdad de oportunidades.
En este sentido, realiza un catálogo de indicaciones a los profesionales sanitarios para que tengan en cuenta las especificidades
del colectivo con discapacidades a la hora de atenderles en cualquier momento del proceso sanitario en el que se encuentren.
Entre las recomendaciones de la Junta destacan las referidas a la atención temprana para la detección precoz de alteraciones sensoriales, neurológicas, biológicas o psicológicas de forma que sea posible «su recuperación o su neurohabilitación, en función de su capacidad, para obtener el máximo de sus competencias, consiguiendo una mejora en su calidad de vida».
Además de los aspectos de atención médica, la sanidad andaluza también ha dado pasos orientados a la accesibilidad de sus espacios.
En este sentido el Parlamento Andaluz aprobó una proposición no de ley en la que se pedía a la Junta la adaptación de los centros hospitalarios y sanitarios para discapacitados.
En este sentido, en cuanto al Hospital Universitario Reina Sofía, diversos colectivos y sindicatos han reclamado con frecuencia un plan de accesibilidad, especialmente al edificio de gobierno.
La delegación de Salud elaboró el pasado año un informe sobre la accesibilidad a los edificios del complejo hospitalario para personas con movilidad reducida, que establecía once itinerarios exteriores sin barreras arquitectónicas que permiten el acceso a todos los servicios que ofrecen los diferentes edificios que integran el hospital. El interior de todos los edificios es accesible en todas su plantas y unidades según el estudio, que también analiza los itinerarios de acceso a otros centros sanitarios cordobeses.