«Una actualización salarial deberá compensar los recortes retributivos»
El próximo 19 de junio tendrán lugar las elecciones sindicales de la Administración General del Estado (AGE), una convocatoria a las que están llamados más de 2.000 trabajadores en Córdoba
-¿Qué se juegan los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) en las elecciones sindicales que tendrán lugar el próximo 19 de junio?
-La AGE, con sus trabajadores, es el sector público que más ha sufrido las consecuencias de la crisis económica. Se hace necesario un cambio de rumbo si pretendemos que las diferencias tanto salariales como de promoción existentes actualmente en relación a otros empleados públicos dejen de agrandarse y así conseguir una homogeneización en las condiciones laborales de todas las administraciones públicas. Hay que recordar que los trabajadores de AGE cuentan con unas retribuciones un 25% inferiores respecto a la media del conjunto de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Esta discriminación salarial afecta a unos 200.000 trabajadores en España. En el caso de Córdoba el personal de la Administración General del Estado está formado por más de 2.000 personas.
-¿Qué papel juega la AGE ante la ciudadanía?
-Los empleados públicos de la Administración General del Estado gestionamos con responsabilidad asuntos vitales para la sociedad en diversas áreas que abarcan la Seguridad Social, el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), las prisiones, Tráfico, la Inspección de Trabajo el INE, las confederaciones hidrográficas, el personal civil que presta servicio en las comisarías de Policía o la Subdelegación del Gobierno, entre otras. Debido a la gran importancia de estos servicios, es necesario dotarlos de calidad y agilidad en su gestión. Si no fuera por el esfuerzo realizado en los últimos años por todos los trabajadores de la AGE no hubiera sido posible dar respuesta a los ciudadanos en el contexto de recortes que hemos vivido.
-¿Qué mejoras ha conseguido CSIF para estos trabajadores públicos en los últimos cuatro años?
-Destacan la eliminación de los descuentos a los trabajadores con incapacidad temporal, la devolución de la paga extra que se adeudaba desde 2012, la devolución de los días de libres disposición, una subida retributiva del 8% en tres años, el establecimiento de una tasa de reposición del 100% para los sectores prioritarios y del 75% para el resto, la reducción de la temporalidad en un 8%, un aumento significativo de las plazas de promoción interna o la firma del 4º Convenio único.
-¿Cuáles serán sus reivindicaciones en los próximos cuatro años en materia retributiva y de las condiciones laborales?
-Es totalmente necesaria una actualización salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo acumulado en estos últimos años, recuperando las pagas extraordinarias equiparadas al salario mensual. Abogamos por el establecimiento de una cláusula de revisión salarial con carácter anual y permanente, además de por la regulación y el aumento de las dotaciones de productividad y negociación real de los criterios de reparto en cada ámbito, la actualización de las dietas (congeladas desde 2005) o el restablecimiento de las ayudas de acción social. Además, reivindicamos la recuperación del recorte de las retribuciones que se produjo en 2010. En cuanto a las condiciones laborales continuaremos trabajando para seguir revirtiendo los recortes de los últimos años como la jornada laboral de 35 horas semanales, el desarrollo de la normativa que permita la jubilación anticipada y parcial, el aumento del número de los comités de Seguridad y Salud, el desarrollo de un protocolo de movilidad por causa de violencia de género o la recuperación de las prestaciones recortadas de MUFACE. Asimismo, velaremos por que la provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas se lleve a cabo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
-¿En qué otras cuestiones van a centrar sus esfuerzos?
-La oferta pública de empleo (OEP) deben tener como objetivos la creación neta de puestos de trabajo y la erradicación de la alarmante temporalidad en algunos sectores. Es necesaria la negociación de un plan integral de recursos humanos que evalúe la situación actual de las plantillas valorando la alta edad media de los empleados públicos a fin de hacer una previsión realista de la incidencia de las jubilaciones voluntarias, forzosas o por incapacidad. Asimismo, abogamos por que las plazas de promoción interna estén desvinculadas de la OEP y pedimos la puesta en marcha de la carrera profesional horizontal que tenga en cuenta la antigüedad y la formación con el objetivo de motivar e incentivar a los empleados públicos.
-¿Qué medidas específicas propone CSIF para el personal laboral?
-Defendemos la derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Reforma Laboral y el desarrollo de los acuerdos alcanzados en la negociación del nuevo convenio. También apostamos por la reclasificación de los colectivos mal encuadrados, la actualización del sistema complementario de retribuciones, el reparto de productividades al personal laboral en cuantías similares a las percibidas por los funcionarios con tareas equivalentes o la creación de bolsas de trabajo.
-¿Por qué CSIF es la mejor opción en las elecciones del próximo 19 de junio?
-Conocemos la Administración General del Estado mejor que nadie, con toda su complejidad, los mecanismos que la gobiernan y todos los equilibrios que se dan en la misma. Creemos que nos hemos hecho merecedores de la confianza de la plantilla con todo lo conseguido en estos últimos cuatro años. Es importante que el liderazgo de CSIF siga siendo patente a la hora de defender los derechos de los trabajadores públicos de la AGE.
«Abogamos por el establecimiento de una cláusula de revisión de carácter anual» «Los empleados públicos gestionamos con responsabilidad asuntos vitales»