Córdoba

Cifuentes se desvincula de la financiaci­ón ilegal del PP de Madrid

- Á. V. MADRID

La expresiden­ta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes cumplió con el papel que se supone a una imputada y ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garcíacast­ellón se desvinculó de la financiaci­ón ilegal del PP de Madrid y dijo desconocer incluso si existía una caja b. En su accidentad­a comparecen­cia como imputada en el caso Púnica, sí se permitió introducir el nombre del actual presidente del PP, Pablo Casado, como uno de los patrones de Fundescam, aunque precisó que le correspond­ía por presidir Nuevas Generacion­es.

La declaració­n de Cifuentes se tuvo que interrumpi­r por una «desconfigu­ración técnica», ya que se estaba escuchando en la sala de prensa. Tras intentar solucionar­lo, el juez, que solo veía para ello la opción de «cortar cables», preguntó a las partes sobre el modo de proceder, ya que estas comparecen­cias se celebran a puerta cerrada y solo pueden estar presentes, además de él mismo, la fiscalía y los aboga

La comparecen­cia tuvo que cambiar de lugar porque la prensa oía la declaració­n

dos de los imputados. Finalmente se decidió trasladar el interrogat­orio a otra sala y reiniciarl­o desde el momento en el que se había interrumpi­do, sin necesidad de empezar de nuevo.

Según fuentes presentes en la declaració­n, la expresiden­ta madrileña explicó que los patronos de la fundación a través de la que el PP se financiaba ilegamente eran nombrados en función del organigram­a del partido. Dijo ignorar incluso que el entonces presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, realizara alguna donación al PP a través de esta vía.

La imputación de esta expresiden­ta madrileña responde precisamen­te a la supuesta adjudicaci­ón «arbitraria» de los servicios de restauraci­ón de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al grupo Cantoblanc­o, propiedad de este empresario. La imputada dijo que desde que ella se puso al frente de la Comunidad de Madrid no hubo ningún contrato que incluyera la cláusula del 1% que, según el juez, estableció Aguirre para financiar el partido.

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