El ‘eterno’ Algarrobico
Los ecologistas dudan de que este año se produzca finalmente su derribo.
La playa del Algarrobico, ubicada en el municipio almeriense de Carboneras, es el eterno escenario de una esperpéntica historia que cuenta cómo llegó a construirse un hotel en primera línea de playa, en un suelo doblemente protegido por la Ley de Costas del 1988 y por estar incluido en el Parque Natural del Cabo de Gata-níjar, desde el 1994. Por tanto, un hotel ilegal.
La primera piedra se colocó en el 2003, llegando a construirse prácticamente todo el complejo, con una veintena de plantas y más de 400 habitaciones. A los tres años de iniciarse la construcción, un auto del Juzgado
nº 2 de lo Contencioso-administrativo de Almería, dictado por el magistrado Jesús Rivera, paralizó los trabajos de forma cautelar, debido a la aparente «ilegalidad» de la licencia de obras, ya que el hotel, ubicado a unos 14 metros de la costa, invade por completo la servidumbre de protección, establecida en 100 metros.
A partir de ahí se inicia una maraña judicial, impulsada por la acción ecologista pero dilatada por el bloqueo frontal de la promotora Azata del Sol, que llegó a dividirse en tres mercantiles para alargar el proceso, así como por la pasividad de las administraciones local y autonómica, implicadas hasta el fondo en la prosperidad del complejo turístico.
La maquinaria pesada, para estupor de muchos, entró en el Parque Natural de Cabo de Gata por un cambio, a mano alzada, desde la Consejería de Medio Ambiente, en la planimetría de los terrenos, sin previo aviso. El Algarrobico, que aparecía con un nivel C1 de protección, es decir, «no urbanizable» pasó, de la noche a la mañana, a figurar como D2, como «urbanizable». Además, por decisión del Ayuntamiento de Carboneras, Azata quedó exenta de pagar la tasa de la licencia de obras. Todo un camino de facilidades.
Este hotel, cuyo cadáver continúa siendo un símbolo de la especulación urbanística y el salvajismo medioambiental, cumple 18 años sin soluciones y arrastra ya la friolera de 37 sentencias y autos, de los que el grueso se concentra en el Tribunal Supremo.
«No sirven para nada todas las sentencias, decenas de sentencias, del Supremo, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de Sevilla, de Granada, de Almería… todo eso no ha servido para nada», recalca José Ignacio Domínguez, abogado de Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y Greenpeace. «Aquí la única decisión jurídica que ha tenido efectos es la de febrero del 2006 con el juez Rivera, que paró las obras, lo demás sigue exactamente igual», añade.
Escepticismo ecologista
Después de años y años de resoluciones judiciales sin efectos prácticos sobre el devenir del Algarrobico, las asociaciones ecologistas contemplan con gran escepticismo los anuncios tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio de Transición Ecológica sobre su voluntad de demoler.
De hecho, el Hobierno autonómico ha incluido una partida de 1,1 millones de euros en el presupuesto del 2021 para iniciar el derribo y desescombro del hotel.
«No es la primera vez que asistimos a anuncios así», explica Pilar Marcos, coordinadoras de campañas en Greenpeace. «Este periplo judicial y de denuncia ciudadana ya va para 20 años y somos, de momento, incrédulos a la hora de verlo. Y que se haga con las mayores garantías ambientales». El hecho es que el camino aún es largo y no se separa de la vía judicial.
La Junta, según informó la consejera de
EL PERIPLO JUDICIAL DEL HOTEL INCLUYE 37 SENTENCIAS, EN SU MAYORÍA DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO
LA JUNTA MANTIENE UN PLEITO PARA TOMAR POSESIÓN DE LAS FINCAS Y AGILIZAR EL DERRIBO
Medio Ambiente, Carmen Crespo, está ahora en trámites para iniciar un pleito civil contra Azata del Sol y Azata Patrimonio, con el objetivo de tomar posesión de los terrenos sobre los que se erige el hotel, de los que la administración autonómica es propietaria desde el 2006, cuando ejerció el derecho de retracto por 2,3 millones de euros.
En el 2017 el Tribunal Supremo ya sentenció que la Junta de Andalucía debía emplear esa vía, la civil, para registrar las fincas del Algarrobico a su nombre.
«Es imposible que en este año Azata les entregue los terrenos, porque luego viene la discusión del hotel. La Junta se queda con los terrenos pero ¿y qué pasa con el hotel? El Código Civil dice que, por accesión [acceder a la propiedad del solar], lo que se construye en terreno ajeno pasa a ser propiedad del dueño del terreno, pero tendrán que indemnizar a Azata y habrá otra discusión, otro pleito…», vaticina José Ignacio Domínguez, que calcula otros cuatro o cinco años más de espera. «La Junta lo tiene difícil. Si hubiesen querido, ya lo podrían haber demolido, pero no es tan rápido. En un año, ni locos, a no ser que lleguen a un acuerdo con Azata, les entreguen el hotel y lo derriben; eso sí».
De hecho, este abogado, junto a Greenpeace, decidió abrir otro cauce solicitando al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligue al Ayuntamiento de Carboneras a abrir un expediente de demolición del hotel, una causa que lleva más de un año pendiente de votación y fallo.
«Esto puede acabar cuando el TSJA diga que hay que demoler.
Eso está ahí, está visto para sentencia», recalca el letrado.
Por lo demás, solo cabe lo de siempre: esperar a que las administraciones, central, regional y local cumplan en tiempo y forma, especialmente ahora que el Supremo les apremia con la exigencia de remitir informes mensuales sobre sus avances en el proceso de demolición.
O bien, quizás sea el salitre marino, que ya ha acabado con una de las cuatro grúas que custodian el hotel, el que consiga derruirlo, como apunta Domínguez. «Por ahora, va ganando».