La concertada y la privada, modelos que complementan
En España, los centros privados concertados están financiados por fondos públicos El gasto privado destinado por las familias a la educación puede ser un complemento
El debate entre educación pública y privada está presente en cualquier intento de reformar el sistema educativo de un país. Durante el siglo XX se impuso la idea de que el Estado de Bienestar debe garantizar el acceso a una educación gratuita y de calidad para todos los ciudadanos en edad escolar, como refrendan la mayoría de constituciones, lo que en la teoría ha limitado el papel de los centros privados y concertados aquellos que reciben financiación pública pero son de titularidad privada.
En España, los centros privados concertados están financiados con fondos públicos a través de los llamados conciertos educativos, a condición de reunir los requisitos previstos en las leyes educativas. El gasto privado destinado por las familias a la educación puede considerarse un complemento, y se destina a aquellos aspectos que no son financiados por los fondos públicos: gastos de material escolar, libros de texto, la utilización de los servicios complementarios de comedor y transporte, mejora del material del centro y realización de actividades extraescolares a través de las cuotas voluntarias de las asociaciones de madres y padres de alumnos. También se encuentran los centros privados no concertados, que se financian principalmente mediante las cuotas aportadas por las familias del alumnado, aunque también pueden obtener ingresos procedentes de subvenciones o de instituciones de carácter privado: cooperativas,
Las fundaciones y las cooperativas también constituyen fórmulas en este tipo de educación
fundaciones, capital de órdenes religiosas, etcétera.
Son libres de elegir su denominación, con la salvedad de que esta no puede coincidir con la de ningún centro público para su apertura y funcionamiento deben obtener la autorización de la administración educativa correspondiente, que se concede siempre que cumplan las condiciones exigidas a todos los centros docentes, sea cual fuere su titularidad y fuente de financiación, con el fin de asegurar una educación de calidad. Entre ellas se incluyen las condiciones prescritas por la legislación en vigor en materia de higiene, acústica, capacidad, seguridad y condiciones de acceso y circulación para las personas con discapacidad física.
Cualquier modificación en el carácter propio de un centro privado, por cambio en la titularidad o por cualquier otra circunstancia, deberá ponerse en conocimiento de la comunidad educativa con antelación suficiente.
MARCO LEGISLATIVO. El marco legislativo general establece el régimen de conciertos educativos como procedimiento para financiar con fondos públicos aquellos centros privados que cumplen determinadas condiciones, principalmente en los niveles de enseñanza obligatoria. De esta forma, las administraciones educativas de las comunidades autónomas no destinan los fondos públicos únicamente a la enseñanza pública, sino también a la iniciativa privada.
La finalidad de los conciertos educativos es doble: Asegurar la gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios allí donde no existen suficientes puestos escolares de carácter público y facilitar la libertad de las familias de elegir un centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.
Por otro lado, con la publicación en el BOE el pasado 30 de diciembre de la Lomloe, también llamada ‘Ley Celaá’, ha entrado en vigor la Disposición Adicional Tercera de esta norma legal, que establece que «en el plazo de un año el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil, de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y en su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su gratuidad». Según Ignacio Grimá, presidente de Acade para Centros de Educación Infantil, «Acade comparte plenamente la extensión de la gratuidad en esta fase educativa, pero considera que tal objetivo debe alcanzarse contando con la existencia de una red de más de 5.000 escuelas infantiles privadas que dan trabajo a más de 50.000 profesionales de alta cualificación, mujeres en su mayoría, y escolarizan a 205.000 niños, lo que ha permitido a sus padres la conciliación efectiva de la vida laboral y familiar. Comprometer el futuro de todos estos profesionales revela una absoluta falta de sensibilidad hacia unas empresas y trabajadores que hasta la fecha no han recibido nada de la Administración Central».
Para hacer compatible la gratuidad con la protección del tejido empresarial educativo, Acade ha propuesto financiar este ciclo mediante sistemas de ayudas directas a las familias, como puedan ser bonos escolares, deducciones fiscales al gasto en este capítulo o una combinación de ambos. Este modelo, que ya es aplicado por algunas comunidades autónomas como Madrid y Valencia, permitiría además financiar cada plaza de escuela infantil a un precio más asequible que si se creara una red de escuelas públicas dependiente de los Presupuestos de cada Comunidad Autónoma.
Ignacio Grimá ha manifestado su preocupación por la posible desaparición definitiva del sector con la entrada en vigor de la Ley Celaá, «que se viene a sumar a los estragos producidos en nuestras empresas por la pandemia, y que ha ocasionado que el 15 por ciento de las escuelas infantiles privadas se mantengan cerradas, mientras que un porcentaje que oscila entre el 50 y el 70 por ciento tiene seriamente comprometido su futuro»
Por último, Acade recuerda que Las comunidades autónomas suelen destinarlos tanto a la pública como a la concertada hace apenas un mes las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del sector se dirigieron a la Ministra de Educación para solicitarle la constitución urgente de la Mesa Sectorial donde se puedan tratar los graves problemas que aquejan a los Centros de Educación Infantil, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta alguna
Y es que la que va camino de convertirse en la octava ley de educación de la democracia en España ha encendido las alarmas en muchas escuelas concertadas del país, que ven en la Lomloe un intento por limitar su papel. En ese contexto cabe preguntarse cuál es el peso real de la escuela concertada en el sistema educativo español actual, y si difiere en algún aspecto del que tiene en el resto de Europa. La respuesta, según los datos de 2018 de Eurostat, es clara: España es el tercer país de la Unión Europea con más alumnos matriculados en escuelas concertadas de primaria y secundaria, un 21%, solo por detrás de Bélgica y Malta.
En el caso de Bélgica, si bien es cierto que un 56% de los alumnos acuden a centros concertados, se trata de instituciones sin ánimo de lucro que no pueden cobrar ningún tipo de cuota a las familias, regentadas en su mayoría por la Iglesia católica.