Admitida a trámite la ley que dará autoridad al profesorado
La Cámara da vía libre al decreto de gestión de los fondos europeos de recuperación Jesús Jiménez López, nombrado director del Consejo de Transparencia de Andalucía
El Parlamento de Andalucía dio ayer luz verde a la tramitación en la Cámara de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que otorga a los docentes de la comunidad la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y la presunción de veracidad. El proyecto de ley, defendido por el consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), llegó a la Cámara andaluza sin enmiendas, por lo que una vez fijado el posicionamiento de los grupos parlamentarios la norma seguirá su tramitación en la comisión de Educación y Deporte.
El texto recoge el derecho del profesorado a recibir el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, tanto dentro como fuera de las instalaciones educativas, por parte del alumnado, las familias, el resto de los profesores y el resto del personal. También se reconoce su potestad y autonomía para imponer medidas correctivas y tomar las decisiones necesarias, «de manera inmediata, proporcionada y eficaz», de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con la normativa vigente.
Respecto a la presunción de veracidad, en los procedimientos de adopción de medidas correctoras los hechos constatados por el profesorado tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que pueda aportar el alumno.
En los casos de agresión física o moral se considerarán circunstancias que atenúan la responsabilidad el reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación inmediata del daño y la petición de excusas. El alumno estará obligado a reparar los daños que cause a las instalaciones y las pertenencias de todos miembros de la comunidad educativa.
Imbroda basó la importancia de esta norma en que el docente ha pasado de ser «una figura incuestionable» a un contexto «de desprestigio y permanente cuestionamiento» de sus decisiones, «poniendo en tela de juicio su autoridad y su profesionalidad». Dijo que las agresiones a docentes han crecido «de manera significativa» en la última década, con 34.000 conductas perjudiciales (agresiones, injurias, vejaciones o amenazas) en el curso 2018-19, el último que se dio completo en las aulas. El consejero resaltó también la figura del profesor «como pilar fundamental del sistema educativo».
La socialista Beatriz Rubiño criticó que se pretenda regular algo que «ya se encuentra recogido» en la normativa andaluza y estatal, adentrándose además en materias «reservadas al Estado», y consideró «realmente grave» que el borrador no haya abordado la libertad de cátedra.
Por otra parte, el Pleno convalidó, con los votos a favor de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras que el PSOE-A votó en contra y Adelante se abstuvo, el decreto aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno para agilizar e impulsar la gestión de fondos europeos, que adopta medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos.
Finalmente la Cámara aprobó la designación del letrado y funcionario de carrera Jesús Jiménez López como director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. ☰