Díaz anuncia un preacuerdo para renovar las políticas de empleo
Trabajo pretende negociar en paralelo la derogación de la reforma laboral y la contratación La futura vicepresidenta espera tener un borrador de la ley en abril, que avanzará el cambio legal
Acuerdo a acuerdo y sin renunciar a ninguno de los compromisos remitidos a Bruselas. Esta ha sido la hoja de ruta para los próximos meses en la que ha insistido la ministra de Trabajo e inminente vicepresidenta, Yolanda Díaz, en su comparecencia en el Congreso. La dirigente de Unidas Podemos avanzó ayer en la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una «base de acuerdo» para renovar las políticas activas de empleo, tal como lo demanda la CEOE, y el borrador de la primera ley de esta reforma confía en tenerlo a principios de abril. Aunque no por atender esa mesa de negociación Díaz pretende apartar otras, como la de la «modernización» de la negociación colectiva y que se erige como la viga por la que el Gobierno de coalición comenzará a desmontar la reforma laboral del PP.
Al más puro estilo cholista, la ministra va carpeta a carpeta y no por negociar una dejará de pretender cerrar otra. Díaz espera poder finiquitar prontamente el acuerdo definitivo para cerrar la
El primer balance del Fondo SURE, una de las herramientas creadas por la UE para proteger el empleo y mitigar el impacto del covid, arroja un saldo positivo para España. No solo será uno de los grandes beneficiados de este instrumento sino que el Gobierno se ha ahorrado hasta ahora 850 millones de euros en intereses gracias a acudir a este mecanismo en lugar de ir a los mercados. Según cálculos de la Comisión Europea, los 15 Estados miembros que han recibido algún tramo de la ayuda asignada, se habían ahorrado, gracias a la elevada calificación crediticia de la UE y no tener que emitir deuda soberana por su cuenta, 5.800 millones. nueva carta de políticas activas de empleo (PAE) y la renovación de la Garantía Juvenil. Una carpeta que desde la CEOE le piden que priorice, por encima del desmontaje de la reforma laboral, que según los empresarios «ahora no toca». «Es necesario reequilibrar la negociación colectiva en este país y por lo tanto lo vamos a abordar», ha dejado claro Yolanda Díaz. Todas las 17 reformas enviadas a Bruselas se resolverán este año, insistió la ministra, tal como ya aseveró el pasado febrero.
Díaz avanzó en la Cámara baja que existe «base de acuerdo» para renovar y adaptar las políticas activas de empleo a la actual crisis del covid. Aunque como viene siendo habitual en esta ministra, no concretó plazos. La futura vicepresidenta sí anticipó que espera tener un borrador de la nueva ley del empleo para principios de abril, que sería la primera piedra de esa reforma. Fuentes presentes en esas negociaciones reconocen ese entente, pero, no obstante, no ven inminente su final. «Está casi cerrado desde hace dos meses», cuentan. Esas mismas fuentes también señalan a Hacienda, guardián de la caja y de los millones necesarios para dar cuerpo a esas políticas activas de empleo.
En ⁄ el ejercicio anterior, el Gobierno destinó 2.900 millones de euros a las partidas de políticas activas de empleo, cifra que este año presumiblemente aumentará y que será complementada con los fondos europeos. Estas consisten en todos aquellos programas diseñados para que las personas en paro encuentren un empleo, o que los profesionales ya empleados puedan reciclarse para promocionar o cambiar de puesto. También financian programas para la empleabilidad de colectivos con necesidades especiales, como los centros de inserción laboral de personas con discapacidad.
Las políticas activas de empleo son una competencia que define Trabajo, pero que despliegan las autonomías. Y el nuevo sistema de distribución del presupuesto estará condicionado a la consecución de objetivos. Según explicó Díaz este lunes en el Congreso, el 45% de la financiación repartida en las conferencias sectoriales de empleo estará condicionado al cumplimiento de una serie de objetivos, actualmente en definición en esas mesas de diálogo social.
Entre uno de los variopintos puntos de esa nueva carta de derechos que están negociando Trabajo, patronal y sindicatos, figuran nuevos incentivos a la contratación. Sobre los mismos, trascendió un primer borrador que incorporaba incentivos a las empresas que firmen contratos indefinidos por valor de hasta 7.500 euros por contrato entre los colectivos con menor empleabilidad, como los jóvenes, las mujeres o los parados senior.
Una tendencia hacia la focalización y concreción de los recursos que sugiere la Airef para maximizar la eficiencia de los recursos. Otro de los elementos que están pendientes de cerrar en las mesas de diálogo social es la actualización de los programas de Garantía Juvenil. El compromiso es seguimientos personalizados y mayor colaboración entre el SEPE y el sector privado.
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