Los seguros obligan a suspender el juicio por la muerte de 6 mineros
La jueza acuerda posponer la vista para comprobar si se cubre la responsabilidad civil Hay 16 directivos, ingenieros y vigilantes acusados por homicidio imprudente
La jueza Isabel Peña decidió ayer suspender temporalmente el juicio por la muerte de seis mineros en un accidente ocurrido en el 2013 en León, hasta comprobar si los ingenieros y técnicos acusados en el proceso disponen de seguros privados que cubran su responsabilidad civil.
La magistrada del juzgado de lo Penal número 2 de León no fijó fecha para retomar la vista oral, que dependerá del tiempo que se tarde en cumplimentar dicho trámite, si bien adelantó que para no retrasar demasiado el juicio, previsto en principio hasta el 19 de mayo, se podrían habilitar algunas tardes, que en principio estaban libres.
La suspensión se acordó con el apoyo de la Fiscalía, después de que varios abogados, tanto de las acusaciones como de las defensas, así lo reclamaran hasta dilucidar si los ingenieros y técnicos acusados en el accidente del 29 de octubre del 2013 en el pozo Emilio del Valle, en Llombera de Gordón (León), tienen pólizas de seguros individuales que cubran su responsabilidad civil.
Varios letrados mantuvieron que tienen constancia de que los ingenieros superiores y técnicos acusados disponen de estos seguros, y subrayaron que si se confirma daría un vuelco al pago de las indemnizaciones reclamadas que afrontan.
Así, se acordó pedir a los colegios oficiales superiores que identifiquen estas posibles pólizas de seguros de los encausados y dar a las compañías la posibilidad de personarse en la causa, ya que en caso contrario podría conllevar la nulidad del juicio.
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SIN COBERTURA Por su parte, los principales responsables de la empresa que explotaba el pozo en el que ocurrió el siniestro, la Hullera Vasco Leonesa (HVL), encabezados por su presidente, Antonio del Valle, ratificaron ante la juez antes de la suspensión de la vista que carecen de seguros individuales.
En este juicio se sientan en el banquillo 16 directivos, ingenieros y vigilantes de la empresa, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide una pena de tres años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente.
Además la Fiscalía acusa a la propia sociedad como responsable civil subsidiaria y a la compañía aseguradora HDI como responsable civil directa y solidaria y les reclama indemnizaciones que superan los dos millones de euros.
Por su parte, las acusaciones particulares elevan la petición de pena a seis años y medio, el máximo previsto para homicidio imprudente, mientras que las defensas solicitan la libre absolución.
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