El parricida de Elche quedará libre a los 21 años sin antecedentes
Hasta cinco años internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada es la máxima pena que podría cumplir el joven que confesó el asesinato de sus padres y de su hermano en Elche, en el caso de que un juzgado de Menores le condenara. Un crimen que conmocionó a la provincia y que ha vuelto a levantar viejas controversias sobre la Ley del Menor. Si una persona con 18 años hubiera cometido los mismos crímenes, la pena sería la prisión permanente revisable.
Ayer se cumplió una semana desde que un juzgado ordenara el internamiento del joven de 15 años que confesó haber matado con una escopeta a sus padres y a su hermano, de 10 años. El triple parricida de Elche no es el primer menor que se sienta en el banquillo por haber matado a sus padres. En 1994, Cyril Jaquet fue condenado a tan solo dos años de internamiento por haber matado a sus padres en Benijófar. Tenía 15 años y se le aplicó la anterior Ley del Menor. José Rabadán, conocido como el asesino
La legislación impide que esté más de cinco años en un reformatorio
de la catana, fue condenado a seis años de internamiento y otros dos de libertad vigilada por haber matado a sus padres y a su hermana en Murcia el 1 de abril de 2000. Unas penas similares son las que tendría que afrontar el menor ahora detenido en Elche en caso de ser condenado. En pocos días cumplirá 16 años. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la edad máxima para estar internado son los 21 años, por lo que estaría cinco en el centro.
La Ley del Menor en España no busca tanto el castigo del autor de un delito como su reeducación y reinserción social. Este mismo texto legislativo prevé también que una vez cumplidos los 18 años el condenado pueda pasar lo que le reste de la condena en un centro penitenciario, aunque las fuentes consultadas por este diario descartaron que fuera a darse en este caso. Una vez cumplida esta pena, tendría que pasar hasta un máximo de tres años en libertad vigilada, un tiempo en el que el infractor está sometido a una supervisión especial para su integración social.
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