El PSOE veta castigar más el daño a los animales que a las personas
El proyecto de reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, que se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, no solo ha recibido críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la falta de proporcionalidad de los castigos previstos. También el grupo parlamentario socialista advierte de que en algunos casos la propuesta del ministerio de Ione Belarra por dañar a estos seres supera lo previsto en el tipo penal de lesiones. Así se señala en la enmienda número 77 presentada al proyecto y publicada este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
La diputada del PSOE Isaura Leal suscribe una propuesta de modificación del artículo 340 bis 4 del Código Penal planteado por el Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030, que es el que prevé penas de multa de hasta tres meses y trabajos en beneficio de la comunidad entre 31 y 90 días en el caso de lesiones que no requieran tratamiento veterinario.
Según señala la justificación
Los socialistas piden que la multa sea un poco inferior a la propuesta
de la enmienda, la redacción actual del proyecto de ley contempla una mayor pena que el tipo penal de lesiones, regulado en el artículo 147 del Código Penal. «Los bienes jurídicos a cuya protección sirve la intervención penal son distintos en ambos preceptos. La respuesta punitiva, en virtud del principio de proporcionalidad, debe ser acorde con la naturaleza de bien protegido», añade.
En este punto, los socialistas aluden a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que trata este asunto con la actual legislación, y que concluye: «No sería tolerable que unas mismas lesiones ocasionadas a un animal (ser sintiente) mereciesen una penalidad superior que las producidas a un hombre». Por ello, proponen que la multa a imponer sea de entre uno y dos meses, en vez de entre uno y tres.
El PP y Vox han presentado enmiendas a la totalidad del texto, pero por distintas razones. Desde el PP critican que el Ministerio de Justicia sea de nuevo relegado a la posición de coproponente, siendo el de Derechos Sociales y Agenda 2030 el que lidera la iniciativa.