Meloni destinará 35.000 millones para paliar la crisis energética
▶ Las cuentas también incluyen la supresión de la renta de ciudadanía
El Gobierno de Giorgia Meloni presentó ayer su primer proyecto de ley de presupuestos, que fue aprobado por el Consejo de Ministros y deberá ahora superar el examen parlamentario. Las cuentas para 2023 contemplan medidas por valor de unos 35.000 millones de euros para hacer frente, en gran parte, a la emergencia socioeconómica generada por la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Pero también apuntan a contentar a la Liga de Matteo Salvini –el partido que, junto a Hermanos de Italia y Forza Italia, integra la coalición gubernamental–, al destinar fondos para los pensionistas y disminuir la presión fiscal a empresas y autónomos con las rentas más altas.
«PRUDENTE Y REALISTA» ⁄⁄ El proyecto de ley «se basa en un enfoque prudente y realista que tiene en cuenta la situación económica, también en relación con el escenario internacional», aseguró el Ministerio de Economía italiano, actualmente en manos del leguista Giancarlo Giorgetti. De acuerdo con el documento, Italia se ha propuesto destinar gran parte de los recursos (21.000 de los 35.000 millones) a contener el alza de los precios del gas y la electricidad, un gasto que implicará el aumento del déficit (al 4,5%) en un país que tiene ya una deuda pública cercana al 150% del PIB.
Además, la manovra, como se conoce esta legislación en Italia, también supone un hachazo contra la renta ciudadana, la medida símbolo del Movimiento 5 Estrellas, que en gran medida sostiene a personas del sur de Italia. Según lo acordado, se pondrá en marcha la transición hacia la derogación de este subsidio en 2024, por lo que sus actuales destinatarios recibirán ayudas por un periodo máximo de ocho meses, en lugar de los 18 meses renovables de hasta ahora. A partir del año próximo se les exigirá la participación en cursos de formación durante seis meses y que acepten la primera oferta laboral «congruente». En caso de no cumplir con estas exigencias, perderán este beneficio que, hasta ahora, ha salvado a un millón de personas de la pobreza absoluta.
En materia fiscal se ha previsto la opción de poder recurrir a un impuesto plano del 15% para los autónomos que ingresen hasta 85.000 euros al año (65.000 hasta ahora), y se ha establecido una amnistía fiscal para deudas de hasta mil euros contraídas hasta 2015, así como la posibilidad de pagar en cuotas los de este año y de años anteriores (estos últimos, con una pequeña sanción). Además, se ha introducido un nuevo esquema de pensiones que permitirá a los contribuyentes jubilarse a los 62 años si han trabajado 41 años, mientras que se dará un plus a aquellos que deciden no abandonar sus puestos de trabajo. Otras medidas son la suspensión de los impuestos sobre el plástico y las bebidas azucaradas, así como la limitación de los pagos en efectivo a los 5.000 euros (1.000 hasta ahora).