Evasores protegidos en la UE
Dos sentencias recientes del Tribunal de Justicia de la UE han supuesto un varapalo a la lucha contra el fraude al alinearse con los intereses de las grandes compañías y los propietarios de sociedades pantalla que ocultan sus patrimonios en paraísos fisca
La lucha contra la evasión fiscal en la Unión Europea (UE) sufrió otro grave retroceso en noviembre de la mano del Tribunal de Justicia de la UE, que se alineó con los intereses de las grandes compañías y los propietarios de sociedades pantalla que ocultan sus patrimonios en paraísos fiscales. El tribunal anuló el pasado 22 de noviembre la disposición de la directiva de antiblanqueo de capitales de 2018 que obligaba a hacer pública la identidad de los propietarios reales de las sociedades pantalla en un registro accesible. El tribunal europeo también avaló el 8 de noviembre los acuerdos fiscales secretos de Luxemburgo con Fiat, que le permitieron eludir el pago de 30 millones de euros en impuestos.
Las dos sentencias agravan la desigualdad social y acentúan la inequidad tributaria, anulando los esfuerzos de la Comisión Europea para combatir la evasión fiscal institucionalizada y fomentada por varios estados de la UE, que actúan desde hace décadas como agresivos paraísos fiscales y privan a los otros miembros de la UE de la recaudación que les corresponde por los beneficios empresariales obtenidos en sus territorios. Los países de la UE pierden al menos 160.000 millones anuales en recaudación debido a los paraísos fiscales, según el informe The State of Tax Justice 2021. Los ciudadanos de la UE poseen más del 31% de los 9,9 billones de riqueza global ocultada a través de los paraísos fiscales, detalla el informe.
El tribunal europeo estimó que la obligación de hacer pública la
identidad de los propietarios reales de las sociedades de pantalla, corporaciones, trusts y entidades jurídicas registradas en la Unión Europea, en lugar de los hombres de paja que figuran oficialmente, constituye una injerencia grave en sus derechos de privacidad y protección de datos. De inmediato, se cerró el acceso a los registros de Luxemburgo, Holanda, Austria y demás países.
La sentencia otorga un indebido
privilegio de protección a los defraudadores y blanqueadores de dinero, mientras se mantiene pública desde hace décadas en los registros mercantiles la identidad de los propietarios reales de las pequeñas empresas legitimas que operan en la UE. La sentencia soslaya la exigencia mínima de transparencia inherente a la creación de una compañía en la UE y que es indispensable para preservar la propia democracia, como muestran los sucesivos escándalos de secretos financieros (Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, Suisse Secrets, Openlux, Luxembourg Leaks).
En 2020, un año después de la entrada en vigor del registro, casi un tercio de las 124.000 compañías registradas en Luxemburgo mantenían propietarios ficticios y el temor a la transparencia impulsó la disolución de 24.000 sociedades. En 2021, el diario Le Monde constató que la mitad de las compañías registradas en Luxemburgo eran holdings financieros de empresas en paraísos fiscales con unos activos de 6,5 billones de euros, equivalentes a más de cinco veces el PIB de España.
Los argumentos del Tribunal de la UE para avalar los acuerdos fiscales de Luxemburgo con Fiat dan carta blanca a los gobiernos europeos especializados en institucionalizar la evasión fiscal de las multinacionales. La sentencia indica que, fuera de las esferas donde tributación ha sido armonizada en la UE, corresponde a cada estado decidir las características de su tributación directa y que la existencia de ventajas indebidas solo puede analizarse en el marco interno estatal, no a nivel de la UE.
Las grandes beneficiadas
El fallo se suma a anteriores decisiones del tribunal de avalar los esquemas de evasión fiscal e ingeniería contable promovidos por Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos en beneficio de Apple, Amazon y Starbucks. En los tres casos, las sentencias argumentaron que la Comisión Europea no había demostrado suficientemente que las compañías se hubieran beneficiado de una ventaja económica al pagar muchísimos menos impuestos que la inmensa mayoría de empresas europeas, en especial las pequeñas y medianas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exoneró en 2020 a Apple de pagar los 13.000 millones de euros que le reclamaba la Comisión Europea y consideró legítimo que solo pagara el 1% sobre los beneficios obtenidos en el conjunto de la UE mediante los artificios contables de desviar sus ingresos y tributación a Irlanda. El tribunal exoneró en el año 2021 a Amazon de los 250 millones de impuestos que se había ahorrado con su esquema fiscal a través de Luxemburgo, al igual que en el año 2019 había exonerado a Starbucks de los 30 millones no pagados gracias a su acuerdo con Países Bajos.