El CGPJ cumple 4 años fuera de mandato y sin visos de desbloqueo
La situación, calificada de «patética» y «desastrosa» por algunos vocales, se arrastra desde 2018 El organismo judicial queda dividido en bloques mientras PSOE y PP son incapaces de pactar
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual cumplió ayer el récord de ser el más longevo de la democracia. Hace ya cuatro años que los vocales designados en 2013 para un periodo de cinco años deberían haber sido renovados, un mandato de la Constitución que precisa que PSOE y PP lleguen a un acuerdo parlamentario que hoy parece más lejano que nunca. Los propios vocales del Consejo General hablan de «desánimo» y de situación «patética» y «desastrosa».
El órgano de gobierno de los jueces dirime cuestiones personales de los jueces como bajas por maternidad y paternidad, incapacidades, traslados, etcétera; asuntos disciplinarios y de trascendencia política como es la emisión de informes sobre los anteproyectos de ley. Está integrado por tres miembros menos de los que le correspondería, tras la renuncia del que fuera su presidente Carlos Lesmes el pasado 10 de octubre y el fallecimiento y jubilación de otros dos vocales que no han podido ser sustituidos.
Además, desde marzo de 2021 arrastra una situación inédita, pues una reforma de la Ley Orgánica que regula su funcionamiento, instada por los partidos que integran el Gobierno, le impide ejercer una de sus funciones principales, que es la de hacer nombramientos en la cúpula judicial –excepto para el Tribunal Constitucional, tras una segunda reforma operada el pasado julio–.
Las bajas sin cubrir se acumulan –de forma preocupante en el Tribunal Supremo– y la falta de renovación que llevó a Lesmes a renunciar ha creado una situación inédita, con una bicefalia que sitúa a dos personas diferentes al frente del Consejo y del Tribunal Supremo.
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ENCALLADOS La voladura del último intento de renovación a finales del pasado octubre no ha hecho más que viciar el ambiente en el seno del Consejo, pese a que puertas afuera sus vocales se empeñen en afirmar que la situación es de cordialidad entre ellos. Como muestra, el fracaso en las negociaciones para nombrar a dos magistrados del Constitucional
pendientes desde junio. La falta de acuerdo supone incluso un incumplimiento expreso de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que en julio volvió a ser reformada para obligar al CGPJ a realizar estas designaciones antes del pasado 13 de septiembre, algo que todavía no ha acontecido.
De hecho, el pasado viernes se constató que las negociaciones entre los bloque conservador y progresista del Consejo han encallado por cuanto los vocales progresistas insisten en mantener la candidatura del magistrado del Supremo José Manuel Bandrés y sus pares conservadores en reclapronta mar otros nombres, lo que supone que, por ahora, el único acuerdo es celebrar una primera votación el próximo 22 de diciembre. Esta situación arrastra a su vez la paralización del propio Constitucional, que no celebrará el Pleno para dar el plácet a los dos magistrados del Gobierno –el exministro Juan Carlos Campo y la excargo de Presidencia Laura Díez– hasta que el CGPJ mueva ficha.
⁄ PREOCUPACIÓN Varios vocales consultados por este periódico expresan su preocupación por la situación. Desde el sector progresista, además de seguir exigiendo su renovación –que no parece que vaya a cumplirse en los próximos meses–, los vocales destacan la necesidad de cumplir la obligación constitucional de renovar el TC con los dos magistrados que les corresponden.
Pese a las dificultades, destacan la labor que el Consejo General del Poder Judicial sigue realizando, como la referida a la formación continua de los jueces y la designación de vacantes no discrecionales. «Tenemos que seguir trabajando, y lo estamos haciendo», señalan las mismas fuentes, pendientes de que tanto desde los tribunales superiores (TSJ) como desde el Supremo les remitan los informes que se han encargado sobre las vacantes, para poder adoptar soluciones al respecto.
⁄ VIOLENCIA DE GÉNERO Con ello coincide Maru Carmona, designada a propuesta del Partido Popular y que además de vocal también es la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. En manifestaciones a este diario, señala que a pesar de lo «anómalo» de la situación se continúa trabajando «con normalidad» en ámbitos como el disciplinario o de inspección. «En lo que respecta al Observatorio contra la Violencia de Género sigue su misión de hacer seguimiento del fenómeno en España y sigue siendo referente internacional en esta materia», destaca.
Por ello, no ve que haya desánimo en este esfuerzo a pesar de que esté en funciones. «Pero es cierto que el hecho de ser el único mandato cuyos vocales no tienen dedicación exclusiva supone un sobreesfuerzo que podría haberse evitado y desde luego ha resultado fallido», apunta.
Desde el lado conservador, el vocal Juan Manuel Fernández resume la situación como «preocupante» por las constantes tensiones con los otros poderes del Estado. Por su parte, José María Macías, también designado a propuesta del Partido Popular, afirma que su sensación es la de estar «en medio de un Bolero de Ravel, la misma melodía tocada cada vez con un instrumento nuevo que se añade y con un volumen más alto», si bien el del Consejo General del Poder Judicial es un bolero «absolutamente falto de armonía».
El único acuerdo por ahora es celebrar una primera votación el próximo 22 de diciembre