Córdoba tiene 268 empresas sin plan de igualdad
La Inspección de Trabajo plantea dos sanciones por carecer de este instrumento
La necesidad de dotar a las empresas de planes de igualdad continúa sin calar de forma mayoritaria en el tejido productivo de Córdoba. De este modo, desde el año 2022 la ley obliga a las sociedades que superan los 50 trabajadores a contar con este instrumento, donde se abordan diferentes cuestiones de las relaciones laborales. No obstante, de las 385 sociedades que deben tener el plan en la provincia, solo 117 cuenta con uno. Por tanto, 268 empresas (el 70% del total) estarían incumpliendo la ley.
La delegación territorial de Empleo informa de que, ante esta situación, la Inspección de Trabajo ha planteado hasta el momento dos propuestas de sanción en Córdoba, que han sido enviadas al servicio de Administración laboral de esta consejería para su tramitación. El importe de una de ellas es de 1.500 euros y en el segundo caso la cantidad asciende a 3.000 euros.
Empleo recuerda que carecer de plan de igualdad se considera una infracción grave, «cada año más perseguida por la autoridad laboral», y conlleva multas que van desde los 751 euros hasta los 7.500 euros. En este sentido, la delegada territorial, Mª Dolores Gálvez, subraya la importancia de que las empresas realicen un diagnóstico para identificar los retos en materia de igualdad, como la brecha salarial o el techo de cristal, y los solucionen con medidas concretas.
La Consejería de Empleo tiene registrados 157 planes de igualdad de empresas de la provincia, pero 40 corresponden a sociedades de menos de 50 trabajadores, que no están obligadas a contar con esta herramienta. Atendiendo al tamaño, el número más alto de planes ha sido registrado por empresas de entre 50 y 99 trabajadores, con 61 (el 39% del total). Las sociedades que tienen entre 100 y 249 trabajadores han presentado 38 y las de
El 70% de las sociedades obligadas a tener esta herramienta carece de ella
más de 250 empleados, 18 planes. Empleo destaca que las 385 empresas afectadas por esta norma en Córdoba dan trabajo a 57.638 profesionales, el 28% de los empleados de la provincia.
Entre otros beneficios, Mª Dolores Gálvez hace hincapié en que la administraciones públicas «puntúan muy favorablemente» las solicitudes de las empresas que disponen de estos planes cuando optan a subvenciones o contratos. Del mismo modo, la delegada territorial de Empleo defiende que «incluir la visión de género no solo implica un mero cumplimiento de la normativa para evitar una sanción administrativa, sino que debe ser visto como una oportunidad de cualquier empresa para mejorar su eficiencia y posicionamiento en el mercado a un medio y largo plazo, con una mínima inversión».
El secretario de Acción sindical de CCOO, Aurelio Martín, explica que el bajo número de multas podría deberse a que «normalmente, la inspección está haciendo requerimientos y no sanciones», lo que otorga un mayor plazo a las empresas para elaborar sus planes. También indica que «nos gustarían que los planes de igualdad tuviesen mucha más prioridad».
De su parte, la secretaria de Igualdad de UGT, Paqui Haro, confirma que «existe una ralentización de nuevas empresas que terminan firmando su plan». Entre otras ideas, afirma que «las empresas públicas son las primeras que deben dar ejemplo».