Los usuarios de Único pueden anular los pagos financiados

La Junta asegura que los afectados por el cierre tienen derecho al reembolso de los tratamientos que no se hayan efectuado

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección de Consumo, emitió ayer un comunicado con recomendaciones a seguir por los clientes afectados por el cierre del negocio de depilación Único, ubicado en el centro comercial El Arcángel. Algunos de los usuarios habían financiado los tratamientos y tras la clausura repentina del establecimiento se encuentran con la obligación de seguir abonando el préstamo sin haber recibido el servicio contratado.

Antes esta situación, la Junta recomienda dirigir una reclamación a la entidad financiera que hubiera concedido el crédito vinculado ( una vez realizada la reclamación ante la empresa), « a fin de que se suspendan los pagos periódicos, fundamentada en la suspensión del tratamiento o el cierre del establecimiento » . Se debe indicar, recuerda la Administración, una descripción detallada de lo sucedido y de lo que demanda la persona usuaria. Para poder reclamar, prosigue la Junta, « es fundamental conservar toda la documentación recopilada en torno al contrato » . Si, a efectos de obtener la historia clínica u otra documentación en poder del establecimiento o la empresa, tras ejercer su derecho de acceso a sus datos personales, la empresa no accede a la petición, se podrá interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos ( AEPD).

Hay que contar con que la entidad financiera no responda o no lo haga en el sentido que demandan los afectados. En tal caso, el siguiente paso es presentar la oportuna reclamación ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor ( OMIC) o, en su defecto, ante el Servicio de Consumo Provincial de la Junta. Los problemas para los afectados pueden derivarse de las condiciones del préstamo contratado. Si estaba vinculado al tratamiento la reclamación es más sencilla y la ley defiende al consumidor. Ahora bien, si se hizo a través de un préstamo personal, no relacionado directamente con el tratamiento, el usuario debería dirigirse a la entidad financiera para intentar negociar la devolución del dinero no empleado. Siempre queda la opción de acudir a la vía judicial si falla el camino administrativo. En ese caso, si la reclamación es inferior a los 2.000 euros no es necesaria la contratación de abogados ni procuradores.