Los populares se enfrentan a su propia propaganda a pocos días de gobernar
El PP comienza a comprobar que en Salud no sobran puestos, sino que falta dinero, que algunos chiringuitos son funcionales y que sólo hay 660 plazas de libre designación
La Administración andaluza no es un mato grosso, un matorral desbordante que admite una poda casi sin final. Ni es la maraña de decenas de consejerías, cientos de entes, miles de enchufados y millones de euros sobrantes y tirados a la basura que el PP ha ido dibujando durante todos los años que ha estado en la oposición.
El PP comenzará a enfrentarse la próxima semana a la veracidad de su propia propaganda. El margen para el ajuste no es muy grande y, en cualquier caso, no sería suficiente para acabar con la carestía presupuestaria que sufre el SAS y Educación, los departamentos que agrupan el 60% del Presupuesto andaluz.
La Junta es una Administración necesitada de profesionalización, de evaluación de sus políticas, de concentración, pero
La Junta es una Administración necesitada de profesionalización
no es un matorral exuberante con cuya leña sobrante se pueden construir hospitales, colegios y centros de salud.
Una de las personas vinculadas al Partido Popular que ahora está trabajando en las primeras actuaciones confesó hace unos días a este periodista que las criticadas caracolas, las aulas prefabricadas que aún quedan en algunas provincias, no están tan mal. “Y las vamos a tener que retirar, nos va a costar un pastón”, explicó.
NO HAY CAMPAMENTOS DE CHIRINGUITOS
Los técnicos del PP que han estado analizando estos días el sector público andaluz han comenzado a comprender que hay fundaciones y consorcios que tienen una funcionalidad concreta, por lo que se podrían agrupar, pero no eliminar. La Junta no es un campamento de chiringuitos, aunque algunos hay. Pero muchas agencias son absolutamente imprescindibles, porque son las que prestan los ser vicios a los ciudadanos, caso de las que gestionan el plan Infoca, el ser vicio de urgencias 112 o la encargada de las infraestructuras educativas.
Uno de los entes señalados es el Consejo Audiovisual de Andalucía, un organismo que debe controlar las emisiones y concesiones de radio y televisión de la Junta, pero cuya función es escasa porque este sector no se ha desarrollado.
Otro es el Centro de Estudios Andaluces, que gestiona, entre otros, el Museo por la Autonomía y la casa de Blas Infante. Fue una concesión a los andalucistas cuando éstos estuvieron en el Gobierno, pero hoy es un organismo donde casi no hay investigadores contratados, la plantilla oficial consume todo el presupuesto.
Durante años, los dirigentes del PP señalaron a la administración paralela como un nido de enchufados. Ciertamente, las vías de entrada en muchas de estas empresas han estado asociadas al nepotismo, pero sus plantillas la componen hoy trabajadores con sus derechos adquiridos, a los que costaría mucho poner en la calle. Una de las fundaciones que más gente llegó a contratar, la Faffe, está extinta, y los empleados fueron absorbidos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Una de las personas que está colaborando con el PP en la futura reestructuración lo explica así: “En el sector público hay 27.000 trabajadores; como no los podemos ni los queremos echar, podemos concentrar los entes, pero al final lo que nos vamos a ahorrar son unos cuantos sueldos en directivos”.
TRABAJADORES CON DERECHOS
El sector público andaluz, la llamada administración paralela, tiene al día de hoy un total de 27.304 empleados, que es el 10% de la plantilla total de la Junta: son 270.101. La mayor parte del total son los profesionales del sector sanitario y educativo, 95.411 personas de uno y 96.184 del otro. Hay unos
43.000 en la Administración general y el resto es personal de Justicia.
El PP ha asumido que en salud y educación no sobran empleados, sino que faltan, por lo que el margen es nulo.
En la administración paralela está necesitada de una buena auditoría que indique cómo está de sobredimesionada y dónde se puede recortar. Izquierda Unida ya intentó desde el Gobierno de coalición en tiempos del presidente José Antonio Griñán que se realizara esta auditoría, pero no lo consiguió. Ni tan siquiera se inició.
Pero, incluso, así, en el 2011 se realizó un importante ajuste del sector. La Ley 1/2011 redujo los entes instrumentales de 369 a los 209 actuales y, como consecuencia de la caída de los ingresos por la crisis, se recortaron los presupuestos de todos los departamentos. Algunos de estos no han vuelto a los niveles de 2007.
Y el PP se va a encontrar con la verdadera razón de que no haya reventado el sistema sanitario o el educativo andaluz: si han aguantado es porque la inversión pública ha caído hasta casi desaparecer.
La Administración andaluza seguirá teniendo un gran problema de ingresos, aunque el PP y Ciudadanos logren aumentar la efectividad del sistema. Si a ello añadimos, que el Gobierno
IU ya intentó en época de Griñán auditar la administración paralela, pero no lo consiguió
de Juanma Moreno acometerá una reducción de los impuestos, los ingresos deben provenir de una mejora económica de la comunidad.
Ése sí es el núcleo del problema andaluz. La comunidad no es competitiva respecto a las otras ni en materia fiscal, a pesar de ser una de las más pobres; ni por diferenciación tecnológica; ni por salarios. En ese triplete es donde el nuevo Gobierno sí cuenta con margen. Aunque hay quien ha aventurado que de la Junta saldrán ahora miles de personas –hay quien ha llegado a contabilizar a todos los trabajadores del sector público–, el número de altos cargos y eventuales que cesarán la próxima semana son 660.
Todo los demás, hasta llegar a los 270.101, seguirán en sus puestos, aunque hay 2.137 que son funcionarios y ocupan un cargo de libre designación. Son personas que seguirán en la administración, aunque regresarán a sus puestos de plantilla.