Sólo el 8,5% de los 2.761 presos por delitos sexuales siguen programas terapéuticos

Un 69% de estos reclusos no vuelven a delinquir, pero todavía hay un 31% que registran “perfiles de difícil reinserción”

Un total de 2.761 personas están encarceladas por delitos sexuales y sólo 230 de ellos (poco más del 8%) participa de forma voluntaria en los programas terapéuticos y de rehabilitación que Instituciones Penitenciarias tiene en marcha desde hace dos décadas para evitar la reincidencia.

“El principal reto de cualquier sistema penitenciario es conseguir que los presos salgan en mejores condiciones de las que entraron. En la medida en que esto no se consiga, el sistema fracasa”, dice en una entrevista con Efe el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

Pese a hechos tan graves como el asesinato de Laura Luelmo a manos de Bernardo Montoya, que había salido de la cárcel dos meses antes, el secretario gene- ral considera que la institución penitenciaria española está internacionalmente “bien valorada”, pero hay margen de mejora.

Y puede hacerse, según Ortiz, insistiendo en los programas de

tratamiento; en una mayor dotación de personal especializado, que ahora es insuficiente, y en la creación de condiciones idóneas para que el condenado se preste voluntariamente a esos programas.

Los últimos datos disponibles cifran en un 69% el porcentaje de reclusos que no vuelven a delinquir, pero todavía hay un 31% de “perfiles de difícil reinserción”.

Y sobre los que se tiene “casi toda la seguridad de que al salir van a seguir delinquiendo”, el máximo responsable de Prisiones defiende la aplicación de la libertad vigilada, una medida del Código Penal relativamente nueva y que establece once posibilidades de control para este tipo de presos.

Ortiz se refiere también a los internos por violencia de género, que ascienden a 3.927, de los que 496 (en torno al 13%) participan de forma voluntaria en programas de tratamiento. A ellos se suman las 4.000 personas con condenas muy cortas que no llegan a entrar en prisión al someterse a cambio a estas terapias.

Prisiones demanda más profesionales también en este ámbito y está firmando convenios con ayuntamientos, como el de Madrid, para que aporte psicólogos a estos programas. Además, Instituciones Penitenciarias negocia más dotaciones con la delegación de Gobierno para la Violencia de Género.