La Almoraima ve desestimado el recurso contra la ampliación de Los Alcornocales
EL TSJA considera justificada la integración de toda la finca pública y otros terrenos en el espacio protegido Apela a cambios en el estado de conocimiento sobre la biodiversidad
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por La Almoraima SA contra el decreto de la Junta de Andalucía que acordó en el año 2017 la ampliación del Parque Natural de Los Alcornocales.
Toda la superficie de la finca pública estatal, ubicada en Castellar, quedó entonces integrada en el espacio protegido. Hasta ese momento, un 10% aproximadamente se encontraba fuera de los límites del parque. Aquella decisión de la Junta llevó a la dirección de La Almoraima, entonces encabezada por Isabel Ugalde, a un litigio del que emana este pronunciamiento.
El Consejo de Gobierno aprobó la ampliación en 5.852 hectáreas del Parque en las provincias de Cádiz y Málaga, a través de la integración de terrenos de gran valor ecológico localizados en nueve fincas públicas y privadas de los
Hasta 2017, un 10% de la finca estaba fuera de los límites del parque natural
términos municipales de Algeciras, Castellar de la Frontera y San Roque. La superficie protegida se incrementó en un 3,5%, hasta alcanzar las 173.619 hectáreas.
La ampliación se llevó a cabo mediante la aprobación de los nuevos planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión. La mayor parte de los nuevos terrenos integrados correspondió a las 1.400 hectáreas de la finca La Almoraima que aún quedaban fuera del territorio protegido (14.113 en total), así como de las 1.302 del colindante monte público La Alcaidesa, propiedad de la Junta, y las 500 de la finca privada Dehesa del Guadalquitón.
En la sentencia, la parte recurrente recuerda que desde la creación del Parque Natural de Los Alcornocales, en 1989, la Junta de Andalucía había decidido excluir la zona de ampliación de la finca La Almoraima hasta el año 2017. Según La Almoraima, el plan que impugnaba carecía de “justificación alguna de dicho cambio de criterio”, ni tampoco exponía ni citaba qué condiciones habían variado en la zona ampliada.
La Junta alegó que no existía falta de justificación de la ampliación del Parque Natural a la finca ni falta de motivación, señalando la existencia de informes técnicos en el expediente administrativo.
La Administración regional negó que se hubiera producido un cambio de criterio pues, “aunque no se han producido transformaciones significativas en la zona desde la declaración del área protegida, sí se han producido cambios en el estado de conocimiento sobre la biodiversidad y las necesidades de conservación de los diferentes elementos que la componen: especies (incluyendo variabilidad genética), hábitats y ecosistemas”.
Con ello se refiere a que la conectividad ecológica es necesaria para conservar la biodiversidad: conexión ecológica de la zona núcleo del Parque Natural Los Alcornocales y el litoral mediterráneo, zonas naturales remanente de las fincas Dehesa de Guadalquitón y el Diente y Borondo, por medio de una serie de piezas que albergan especies, hábitats y ecosistemas de gran interés y relevancia ecológica.
Aunque la parte demandante negó el valor ecológico y paisajístico de la zona ampliada, el TSJA otorga “mayor credibilidad” a los informes técnicos de la Administración. Así, tras recordar que por una Orden del 15 de noviembre de 2018, se aprobó la ampliación del Lugar de Importancia Comunitaria de Los Alcornocales como otro argumento para la desestimación.
Los grupos ecologistas habían demandado al Gobierno del PSOE la retirada del recurso.
Cuando se constituyó el Gobierno del PSOE, Ecologistas en Acción solicitó a la ministra de Transición Ecológica la retirada del recurso contencioso-administrativo interpuesto por La Almoraima SA contra el decreto 150/2017 de la Junta de Andalucía, por el que se amplió este parque natural.
Para los ecologistas, la retirada era la única garantía de protección de La Almoraima, La Alcaidesa y Guadalquitón, en Castellar de la Frontera y San Roque, al tratarse de fincas de enorme valor ecológico “sobre las que penden fuertes presiones especulativas”.
“El Gobierno central debe ordenar de inmediato a la dirección de La Almoraima SA la retirada del mencionado recurso, apoyando de forma clara la decisión adoptada en su momento por la Junta con un amplio respaldo institucional y social”, valoraron en varias ocasiones hasta que, ahora, los tribunales se han pronunciado.