Sánchez amarra con ERC y PNV la última prórroga del estado de alarma
El Gobierno se compromete con los nacionalistas vascos a que los presidentes autonómicos gestionen la fase 3 de la desescalada y da voz a la Generalitat en la gestión de los fondos de la UE
ERC se abstendrá en la sexta prórroga del estado de alarma que el Gobierno presentará el miércoles en el Congreso, después de cerrar un acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que permitirá, a cambio, que las autonomías ganen responsabilidades en la desescalada y participen en la gestión del fondo de reconstrucción europeo.
Horas después, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) anunciaba que votará a favor de la prórroga del estado de alarma según un acuerdo suscrito con el Ejecutivo en el que se establece que la autoridad competente delegada para la adopción y ejecución de medidas en la tercera fase del plan de desescalada de la pandemia de Covid-19 será exclusivamente de las presidente de las comunidades autónomas.
El acuerdo entre el Gobierno y el PNV incluye un punto, a petición del Grupo Vasco, que señala que “la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase 3 del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma”, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial de cada autonomía.
Serán las comunidades autónomas las que puedan proponer al ministro de Sanidad, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 3 de la desescalada en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad y, por tanto, “su entrada en la nueva normalidad”.
La decisión sobre el voto de la formación republicana catalana la tomó ayer por la tarde la Permanente Nacional, el órgano de gobierno de ERC que toma decisiones cuando los otros organismos no pueden reunirse, y que fue convocada de urgencia, según informaron a Efe fuentes del partido.
A cambio de la abstención de los republicanos, el Ejecutivo se ha comprometido a que ésta sea la última prolongación del estado de alarma y a que la Generalitat, así como las otras autonomías puedan participar en la gestión del fondo de reconstrucción de la UE, que aún se está negociando.
El acuerdo, que deberá ratificarse en la Ejecutiva de ERC, recoge también que el Gobierno impulsará los cambios para asegurar una prestación a los trabajadores de empresas de la Conca d’Òdena, en Igualada (Barcelona), que viven fuera de la zona y que no pudieron entrar a trabajar cuando el territorio estaba confinado. Asimismo, incluye el compromiso del Gobierno de priorizar medidas legales diferentes al estado de alarma en un futuro, como podrían ser las leyes sanitarias, para garantizar la “cogobernanza” con las comunidades autónomas ante posibles rebrotes de relevancia del Covid-19.
En un comunicado, ERC destacó ayer que “el Gobierno, conformado por PSOE y Podemos, se ha visto forzado a replantearse su postura después del toque de atención de los republicanos en la negociación fallida por la prórroga anterior”.
Esquerra subraya que, pese a no aparecer en el acuerdo escrito, el Ejecutivo de Sánchez “ya ha expresado públicamente su voluntad de volver a reunir la mesa de negociación entre el Govern y el Gobierno del Estado una vez la pandemia entre en la fase de ‘nueva normalidad’”.
La decisión de ERC choca de nuevo con la posición de JxCat, su socio en el Gobierno catalán, y, en primer lugar, con la del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ayer se mostró en contra de la prórroga si no se retornan a la Generalitat las competencias que están bajo el mando del Gobierno central. Torra dijo que “es evidente que el Govern reclama recursos y todas sus competencias”. Y, por ello, la Generalitat, ha sentenciado, “se opondrá, naturalmente, a cualquier prórroga del estado de alarma que no retorne nuestras competencias”.
En la votación en el Congreso de la última prórroga, ERC votó en contra y el Ejecutivo consiguió su aprobación con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Bildu.
La libertad de circulación entre las comunidades seguirá en manos del Gobierno central