RECONSTRUCCIÓN Y PRIVILEGIOS TERRITORIALES

COMO es habitual en la política española, los partidos nacionalistas han sabido sacar provecho de la actual debilidad parlamentaria del Gobierno de España y su necesidad de aprobar una sexta y última prórroga para culminar su plan de desescalada. Tanto el PNV como ERC han logrado que el presidente Sánchez se comprometa a que las administraciones autonómicas del País Vasco, Navarra y Cataluña serán las encargadas de gestionar en sus territorios tanto el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como los fondos de reconstrucción prometidos por la Unión Europea. En principio, no hay nada censurable, ya que, como hemos defendido en alguna ocasión, es normal que en un Estado descentralizado como España sean las comunidades las que se encarguen de las políticas sociales. Al fin y al cabo son las que mejor conocen la realidad de los regiones que administran. Sin embargo, lo que puede ser una virtud se convierte en un vicio cuando se utiliza para avanzar en la desigualdad entre las regiones de España, una de las verdaderas obsesiones de los nacionalismos periféricos. No se trata ya de procurar una Administración de mayor calidad, sino de ampliar los privilegios de unos territorios frente a los otros.

Ante esta situación protestó ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la videoconferencia que, desde el inicio de la pandemia, suele mantener Sánchez con los máximos responsables autonómicos. Andalucía no puede ser ni más ni menos que ningún otro territorio español, y eso incluye la gestión de la parte que le toque de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos. No se trata de una pataleta infantil ante los logros de los demás, sino de reivindicar lo que ya hicieron aquellos que lograron la autonomía y el autogobierno andaluces, que en ningún caso se puede permitir que seamos un territorio de segunda división.

El presidente Sánchez tenía la posibilidad de buscar un acuerdo que no diese más alas a una formación como ERC, que, aunque ha moderado su actitud independentista y parece dispuesta a volver a la senda de la ley, sigue teniendo como objetivo principal la ruptura de España. Sin embargo, probablemente debido a las presiones de sus socios de Unidas Podemos, ha optado por volver a pactar con ellos. En su derecho está, pero no puede pretender que Andalucía acepte ser tratada como una comunidad con menos capacidad de gestión que otras.

Andalucía no puede ser ni más ni menos que ninguna otra autonomía, y eso incluye la gestión de los fondos para la reconstrucción