CONCIERTOS EN LA FP
Una necesidad del mercado laboral
Las patronales de centros privados acogen con reservas la normativa de la Junta que permite estos acuerdos Los criterios priorizan los ciclos de grado superior con alto porcentaje de empleabilidad
Una buena noticia, pero con “reservas”. El proyecto de orden que regula la renovación de los conciertos educativos en Andalucía –y que los permite en Bachillerato y FP– ha sido acogido favorablemente por las patronales más representativas de la enseñanza privada en la comunidad autónoma, aunque, eso sí, con bastante cautela ante las condiciones que establece el borrador para lograr dichos acuerdos, lo que hace prever que sean pocos lo que se concedan en febrero de 2021.
Ha sido, sin duda, uno de los titulares más importantes de esta semana. La Consejería de Educación abre la posibilidad de concertar el Bachillerato y la FP. Se trata de una iniciativa que ya estaba incluida en el acuerdo de gobierno entre PP y Cs que hizo posible el relevo tras 40 años de socialismo en la Junta. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha pasado al papel de una norma, o mejor dicho, del borrador de una orden que regulará la renovación de los conciertos educativos en Andalucía, proceso que tendrá lugar entre enero y febrero del próximo año.
Este avance ha provocado un aluvión de críticas. Especialmente de la oposición política, que considera que con el cambio el Gobierno andaluz de coalición persigue beneficiar económicamente a la enseñanza privada en unos tiempos en los que sus ingresos podrían verse mermados por la bajada de matriculaciones, provocada por los efectos de la pandemia del Covid-19.
Más allá de la confrontación entre partidos, lo cierto es que esta medida responde a una realidad de la que no es ajena el departamento que dirige Javier Imbroda. La demanda en la FP se ha disparado, como constatan los últimos datos de matriculaciones. Una subida imparable que ha desbancado al propio Bachillerato. Sirva como ejemplo lo ocurrido en la provincia de Sevilla, donde este curso son 42.000 los alumnos que estudiarán ciclos formativos frente a los 32.000 que lo harán en la etapa preuniversitaria.
El cambio de tendencia se viene registrando desde hace un lustro y obedece a la situación del mercado laboral, en el que muchos universitarios, cuando se gradúan, trabajan en empleos por debajo de su cualificación o deben completar la formación con un máster y doctorado para desarrollar una labor acorde profesional y salarialmente, lo que a la postre supone mayor gasto económico y más años de estudio. La otra opción por la que se han decantado muchos sevillanos las últimas décadas es la de marcharse al extranjero para labrarse un futuro.
La FP, sin embargo, se enfrenta a un panorama totalmente distinto. La demanda estudiantil de estos ciclos viene propiciada por la alta empleabilidad que tienen muchos de ellos –no todos–, generada por el déficit de trabajadores de perfil técnico que han detectado los empresarios. Por tanto, son los propios centros de producción los que necesitan profesionales con estos estudios. Es el propio mercado el que lo pide, situación inversa a la universitaria.
Ahí es donde se asienta la justificación de la Junta para concertar las enseñanzas posobligatorias, en la falta de una oferta pública contundente en FP para atender la demanda de los jóvenes para cursarlas. El propio Imbroda lo ha reconocido: “Los recursos públicos no llegan a todos”. El consejero de Educación se ha vuelto a referir al déficit que se encontró en el invierno de 2019 al llegar al cargo, cuando más de 30.000 adolescentes andaluces se quedaban sin plazas para estudiar un ciclo formativo. En estos años se han creado 13.000, pero la cifra sigue siendo insuficiente, motivo por el cual se ha decidido concertar esta etapa, como en la década de los 80 se hizo con los colegios y en la pasada con las guarderías.
El anuncio de estos acuerdos ha sido acogido favorablemente por las patronales CECE y Escuelas Católicas, las que tienen mayor representación en el sector de la educación privada andaluza. En este punto, Rafael Caamaño, secretario general de CECE Andalucía, recuerda que los conciertos en Bachillerato y FP estaban paralizados desde que entró en vigor la Logse en la década de los 90. Se renovaban los firmados hasta entonces, pero no se ampliaban, una “decisión” que para Caamaño obedecía a una directriz de las políticas educativas de los diferentes gobiernos socialistas que se habían sucedido al frente de la Junta, “ya que ni esa normativa estatal ni las siguientes lo impedían”.
Según datos facilitados por esta patronal, actualmente en Andalucía hay 50 centros con el Bachillerato concertado y 130 unidades privadas de FP de grado superior que también reciben fondos públicos gracias a estos acuerdos. En toda la comunidad existen 150 centros que imparten Bachillerato privado y 300 aulas del grado superior de FP, también privadas. Un mercado, por tanto, al que se podrían extender los conciertos.
Para el secretario general de CECE Andalucía, la nueva orden supone “uno de los cambios más significativos en el sistema educativo”. Ahora bien, estos nuevos acuerdos vienen condicionados
Se trata de una iniciativa que ya estaba en el acuerdo de gobierno de PP y Cs
por unos criterios que evidencian el verdadero interés de la Junta. Es en esta cuestión donde surgen las discrepancias. “La prioridad de Educación es concertar grados medios y la FP Básica para luchar contra el abandono y el fracaso escolar, como se explicita en el borrador, pero en este objetivo no estamos de acuerdo”. Caamaño considera que para combatir “este lastre de la educación andaluza” debe actuarse en las etapas obligatorias, Primaria y ESO. “Es en la base donde hay que luchar, no después”, advierte.
Por contra, en los niveles posobligatorios el interés de la consejería debe centrarse –en opinión de CECE– en combatir el paro juvenil, que roza el 50% en la comunidad, una de las tasas más altas de la Unión Europea y que para Caamaño resulta “inasumible e inaceptable”. “Para el Bachillerato y el grado superior de FP no se necesita un concierto como en las etapas anteriores. Puede llegarse a otro tipo de acuerdos, como los convenios que se firman en las escuelas infantiles, que suponen una vía de financiación para los centros y alivia la economía de las familias”, refiere el máximo representante andaluz de esta patronal de la enseñanza privada.
Su homólogo en Escuelas Católicas, Carlos Ruiz, entiende que la posibilidad de extender los conciertos a la educación posobligatoria es “ventajosa”, principalmente, para las familias cuyos hijos debían de cambiar de un centro concertado a otro público al no poder costearse el Bachillerato o la FP privada. No obstante, teme que la capacidad de concertación de la Junta sea “mínima” si se siguen los requisitos establecidos en el proyecto de orden. En este sentido, indice en que el Bachillerato es al que menos prioridad se le otorga en el borrador, a favor de la FP.
Así, en los criterios de la Junta la renovación de los conciertos será automática en los centros que ya los tengan desde hace 30 años. Después, en el segundo grupo de preferencia, Educación introduce un concepto que explica el interés de esta modifcación: los centros que cambien unidades de Bachillerato y FP con baja tasa de empleabilidad por otras de FP (elimina de aquí la palabra Bachillerato) por otras de alta empleabilidad. Es decir, el Ejecutivo autonómico trata de que la enseñanza desde los 17 años se adapte a las necesidades reales del mercado laboral, dando para ello prioridad a la FP sobre el Bachillerato y a las titulaciones que se ciñan a las ofertas de trabajo.
Carlos Ruiz añade que, a preguntas de Escuelas Católicas, desde la administración educativa “no nos han sabido explicar cómo van a medir la empleabilidad de unos ciclos formativos y los de otros ni los criterios para esa calificación”.
El tercer grupo de priodidad en los conciertos serán los de los centros que cambien las modalidades de Bachillerato para atender la demanda de los alumnos. Es decir, que garanticen que a la hora de ofertar plazas en esta etapa preuniversitaria van a cubrirlas en un alto porcentaje.
El cuarto grupo lo constituyen los centros que presenten unidades de grado superior de FP que, además de tratarse de titulaciones con alta empleabilidad, den continuidad a los ciclos de grado medio de la misma familia profesional que ya impartan y estén concertados.
El último requisito es para los centros que tengan concertada la ESO y que cuando entre en vigor la nueva norma ya cuenten con el Bachillerato, lo que supone un freno para aquellos empresarios que quieran ampliar los acuerdos a las enseñanzas posobligatorias que aún no ofertan, es decir, que puedan ver en esta orden una fuente de nuevos ingresos. Una posibilidad de la que han alertado grupos políticos como Adelante Andalucía y que el borrador, a priori, descarta.
En Andalucía hay actualmente 300 unidades de grado superior privadas