Acuerdo entre la Junta y el Gobierno para desatascar el decreto de simplificación
El Ejecutivo andaluz volverá a exigir la habilitación a los operadores audiovisuales y admite la comunicación previa de las obras menores en ciertos inmuebles considerados patrimonio histórico
Siete meses después de aprobar el decreto ley de simplificación administrativa, el Gobierno andaluz tiene luz verde para aplicarlo en su totalidad. La Junta y el Ejecutivo central han llegado a un acuerdo en la comisión bilateral para que esta norma funcione casi como la concibieron PP y Ciudadanos. Se trata de la principal apuesta legislativa de la Administración que dirige Juanma Moreno, que había visto paralizados los artículos relacionados con las obras en inmuebles considerados patrimonio histórico y en la eliminación de trabas para la emisión de contenidos audiovisuales a nivel local.
El Gobierno de Pedro Sánchez interpuso ante el Constitucional un conflicto de competencias y, de entrada, el Alto Tribunal decretó la suspensión de los artículos relacionados con las mencionadas materias. Hace unas semanas, el TC
La norma se enfrenta aún a cuatro recursos de PSOE, UP y Adelante en el Constitucional
levantó la prohibición mientras, de fondo, las dos administraciones negociaban para desatascar la situación. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, anunció ayer que las conversaciones han desembocado en un acuerdo. El Ministerio de Política Territorial, comandado por Carolina Darias, retirará el recurso cuando se aprueben las modificaciones del decreto pactadas entre los gobiernos.
En materia audiovisual, la Junta se compromete a desarrollar las normas autonómicas para que se requiera el título habilitante a los operadores de contenidos, además de dejar sin efecto la supresión del artículo 40 de la Ley Audiovisual de Andalucía de 2018, referido precisamente a esos permisos.
Respecto a los artículos relacionados con el patrimonio histórico, el acuerdo establece que será necesario pedir permiso para poner en marcha obras menores en los inmuebles considerados Bien de Interés Cultural y de su entorno. La modificación inicial eliminaba este requisito, según explicaron desde el Gobierno andaluz, para evitar la sobrecarga de las comisiones provinciales de patrimonio. También se mantiene el permiso para colocar rótulos o símbolos en monumentos y jardines históricos, pero no para aquellas obras sencillas que no quieran proyecto en aquellos enclaves que no estén inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. En este caso será necesario sólo la comunicación previa a la Consejería de
Cultura, que deberá avalar la intervención en 30 días.
Bendodo defendió ayer en San Telmo el trabajo “serio y riguroso” realizado por el Gobierno autonómico y defendió que el decreto “sigue vigente con plenas garantías y seguridad jurídica”. Por su parte, Juan Marín recordó que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que prevé aprobar un decreto estatal que elimine “las principales barreras burocráticas”. El vicepresidente quiso enviar así un mensaje al PSOE y Unidas Podemos, que han recurrido el decreto al Constitucional a través de 50 senadores o diputados.. El decreto, además, tiene que enfrentarse a otros dos recursos de amparo presentados al TC por parte de los socialistas y de Adelante Andalucía, no por el contenido de la norma, sino por la fórmula elegida para convalidarlo en el Parlamento: una diputación permanente activada con motivo de la crisis sanitaria a partir de una resolución de la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet.