Todos bailan sobre la tumba de Montesquieu
● La reforma exprés del PSOE y Unidas Podemos para desbloquear la renovación del CGPJ es un ataque a la división de poderes según sus detractores y un mal necesario para los proponentes
Empezó a removerse en su tumba cuando el Gobierno de Felipe González decidió modificar en 1985 el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una tarea que hasta entonces estaba reservada a los propios miembros de la carrera judicial. Y el sueño eterno de Charles-Louis de Secondat, barón de la Brède y de Montesquieu, ha vuelto a interrumpirse con la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos –no del Gobierno de coalición que componen, matiz importante–. A decir de los unos, los proponentes, algo así como un guiño-beso al autor de El espíritu de las leyes; a decir de los otros, la derecha –PP, Ciudadanos y Vox– un tortazo al gran teórico de la separación de poderes.
Desde su plasmación en la Constitución de 1978, el sistema de selección de los miembros del órgano de gobierno de la judicatura ha experimentado notables variaciones y más de uno ha bailado sobre la tumba de Montesquieu.
El texto constitucional afirma que el CGPJ estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo más veinte miembros (vocales) por un período de cinco años. De estos veinte, doce serán elegidos por jueces y magistrados. Los otros ocho no serán jueces, sino abogados y juristas, cuatro de ellos elegidos a propuesta del Congreso, y otros tantos por cuenta del Senado.
SESGO FRANQUISTA
La Ley Orgánica de 1980 exigía que esos doce vocales de procedencia judicial fueran elegidos por todos los jueces y magistrados que se encontraran en servicio activo. Por aquel entonces, las altas magistraturas del Estado todavía estaban aún copadas por viejas glorias del franquismo por lo que la terna elegida evidentemente tenía un carácter acusadamente conservador.
Para combatir ese sesgo, González reforma la ley orgánica del Poder Judicial de modo que esos 12 jueces también fueran elegidos por las Cortes.
La reforma –como la de ahora– le disgustó profundamente al Partido Popular y a la conservadora y asociación mayoritaria –entonces y ahora– Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que reclamaron un retorno al sistema de 1980. Lo que no era de extrañar dado que el PSOE tenía mayoría absoluta en el Congreso (desde 1982 hasta 1993) y en el Senado (hasta 1989).
El baile sobre la tumba de Montesquieu continuó con la mayoría absoluta de José María Aznar en 2000. Al año siguiente redactó una ley orgánica que modificaba la de 1985, por la que los doce jueces seguían siendo elegidos por las Cámaras, pero con la novedad de que tendrían que ser seleccionados de entre los 36 propuestos por las principales asociaciones profesionales de jueces y magistrados. Aun así, la propuesta quedaba lejos de las demandas de jueces y magistrados que pugnaban (y pugnan) por volver al sistema de 1980.
La composición del CGPJ no es baladí. Entre sus competencias están nombrar a los magistrados de la Audiencia Nacional, al presidente y a los magistrados del Tribunal Supremo, a dos magistrados del Constitucional y aprobar el nombramiento de los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y las Audiencias Provinciales.
La estructura del sistema judicial y un montón de decisiones que afectan a los partidos y a algunos de sus dirigentes (procesados, condenados, en vías de, indultados, etc.) están en sus manos, por lo que no de extrañar la pelea por su control.
Ahora lleva casi dos años –desde diciembre de 2018– en funciones, pendiente de su renovación. Con la necesidad de la aprobación de tres quintas partes de las Cortes, el acuerdo entre las dos grandes fuerzas, PSOE y PP, es impepinable para su renovación. Estaba casi hecho en noviembre de 2018 y el hombre de consenso era Manuel Marchena, un desconocido por entonces para el gran público y que saltó a la palestra el año pasado como presidente del tribunal que condenó a los líderes del procés. Sin embargo, un desaforunado Whatsapp interceptado a Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, que había enviado a sus compañeros de partido en la Cámara Baja dinamita el gran acuerdo.
Una segunda tentativa de pacto aconteció el pasado julio. Lo rozaron, estaba “al 99%”, según expuso Sánchez en una entrevista en TVE, en la que acusó a Casado de romper abrupta e “inexplicablemente” su palabra. En Moncloa aseguran que en su hoja de ruta estaba poder proceder este otoño a la renovación del CGPJ tras la negociación entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Enrique López, ex secretario de Interior y Justicia del PP y actual consejero del ramo en el Gobierno regional madrileño.
El bloqueo ya parece irreductible meses después. El PP se niega a negociar aduciendo la actitud de Podemos hacia la Monarquía y sus reiteradas críticas a la Justicia. El presidente del Gobierno acusaó ayer al PP de “bloquear” la renovación y señaló que desde que Casado lo lidera “ha dejado de ser un partido de Estado” para convertirse en un partido “antisistema”.
Su reforma exprés para modificar la ley orgánica del Poder Judicial la está acometiendo por la vía parlamentaria –no como Gobierno, con un proyecto de ley–, lo que evita al PSOE y a Unidas Podemos pedir informes consultivos al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y expopnese a un varapalo del propio CGPJ en funciones. Un “atropello legal” a decir de Casado y del resto del ala derecha. “No ponga en riesgo los fondos de reconstrucción europeos”, espetó ayer el líder del PP al presidente del Gobierno en la sesión de control al Gobierno.
DOS VERSIONES
Los socialistas y sus socios morados sostienen que esta reforma trata de evitar que el órgano de gobierno de los jueces siga bloqueado por la negativa cerrada a su renovación con Podemos de por medio por parte del PP, así que se ven con galones para proclamar que no están incomodando a Montesquieu.
El PP, Ciudadanos y Vox sin embargo consideran que esta reforma legal en ciernes lleva aparejada la destrucción de la división de poderes y de los contrapesos parlamentarios para conformar el CGPJ y que tiene un efecto perverso pues la pondría ulteriormente del lado de las mayorías coyunturales que pueda haber en las Cortes al no ser necesario un consenso más amplio (no tres quintos de las Cámaras como hasta ahora, sino la mitad más uno).
En todo caso, el PP lo tiene muy fácil. Que se siente Casado a negociar. No quiere... El Gobierno y el PP son también incapaces de desbloquear otras instituciones del Estado como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Consejo de Administración de RTVE. Los populares recelan de unas negociaciones en las que esté presente Podemos. Pero hay 3.119.364 razones (votos) que legitiman a la formación morada.
Lo cierto es que el anuncio de la reforma legal exprés coincide con un momento de máxima tensión del Gobierno con los jueces y cuando el Supremo ha de decidir sobre la imputación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por el caso Dina.
Ente unos y otros, Montesquieu nunca deja de revolverse en su tumba.