El Defensor del Pueblo Andaluz pide informes de símbolos franquistas
Almería, Adra, Níjar, Roquetas de Mar, Vícar y El Ejido tendrán que detallar si existen en su términos municipales
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha solicitado a los ayuntamientos de Almería, Adra, Níjar, Roquetas de Mar, Vícar y El Ejido que le detallen en un informe si existen en su términos municipales elementos contrarios a la Ley de Memoria Histórica que no hayan sido retirados aún e informen de si han recibido algún tipo de solicitud, bien de Gobierno o Junta, bien de colectivos memorialistas, instando a su eliminación.
La institución que dirige Jesús Maeztu requiere, asimismo, que concreten si han dado tramite a las solicitudes, si se han encontrado "dificultades" en caso de "ponerse de manifiesto" que era "inviable su retirada" y que si han arbitrado procedimientos para eliminarlos y darles, si es que procediese, "un destino".
La actuación del defensor responde, según la resolución, a la recepción durante 2020 de "quejas referidas a la existencia de estos elementos en calles y plazas" en las que se solicitaba por los promotores la retirada al haber transcurrido "casi tres años" de la entrada en vigor de la ley.
"Con estos antecedentes, entendemos oportuno tomar mayor conocimiento sobre los elementos contrarios a la Ley de Memoria Histórica y Democrática que aún no hayan sido eliminados o retirados en la provincia", sostiene.
En concreto, pide a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes si tienen "inventariado" en su municipio relación de elementos contrarios a la Memoria histórica y Democrática conforme al contenido del artículo 32 de la Ley 2/2017 de 28 de marzo, con independencia del quien sea el responsable de su eliminación y ,en caso de que no los tengan, si les constan la existencia de los mismos en su municipio.
Requiere, asimismo, que el informe recoja si han recibido algún tipo de solicitud instando la retirada de dichos elementos por parte de otra administración, entidad memorialista o particular, y la tramitación dada al respecto, así como las dificultades encontradas en caso de ponerse de manifiesto la inviabilidad para su retirada.
La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se interesa también por las actuaciones y procedimientos arbitrados en los municipios para determinar su eliminación y si tienen previsto el destino de los elementos eliminados o a eliminar, y pregunta si se ha notificado o requerido a la consejería competente en la materia apoyo o asesoramiento para tal finalidad.