Irene Montero se queda sola ante el alud de críticas políticas y judiciales
● Tres de las cuatro asociaciones de jueces exigen la dimisión de la ministra por la polémica ley ● Barones socialistas arremeten contra la titular de Igualdad, a quien sólo respalda su partido
Tres de las cuatro asociaciones de jueces exigieron la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyas críticas a la judicatura han sido cuestionadas con diferentes grados de intensidad por todo el arco parlamentario, socios de Gobierno e incluso algún compañero de partido.
La tormenta por la sucesión de revisiones a la baja de condenas a delincuentes sexuales en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual no arrecia a la espera de que los tribunales y la Fiscalía asienten un criterio para aplicarla, toda vez que el Ejecutivo descarta retocarla y apela a la prudencia.
El criterio podría comenzar a aclararse pronto, porque el Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa recursos presentados por condenados por delitos sexuales en los que piden adecuar sus castigos a las penas contempladas en la nueva ley y empezarán a abordarlos en menos de un mes.
Aunque desde el Supremo dejan claro que hay que estudiar caso por caso, su posicionamiento se antoja clave para la interpretación de la norma por parte de los tribunales.
También puede serlo la posición de la Fiscalía. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, no hizo ayer mención a la circular que le reclama Igualdad para unificar criterio, si bien garantizó que los fiscales, ante cada caso, realizarán su trabajo con vocación de proteger a las víctimas y “claro respeto a los principios constitucionales”. García Ortiz se pronunció en estos términos en un acto del Observatorio contra la Violencia de Género en el Senado en el que coincidieron buena parte de los implicados en la polémica, entre ellos la propia Irene Montero y el presidente del CGPJ, Rafael Mozo.
Horas después, la Fiscalía General del Estado ordenó a los fiscales superiores que recaben y le remitan la información sobre los casos de condenas por delitos sexuales que se han revisado a causa de la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí. Según un oficio emitido ayer, García Ortiz dio la orden de que los fiscales superiores remitan “aquellos autos dictados por los juzgados o tribunales de justicia de su territorio en los que se haya procedido a la revisión de sentencias firmes condenatorias, así como los informes emitidos por el Ministerio Fiscal en las respectivas ejecutorias”.
Mientras, Montero insistió ayer en que a los jueces españoles les falta formación en perspectiva de género, algo que ha negado tajantemente en su presencia la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, quien aseguró que las mujeres pueden estar seguras porque tienen “una sólida formación”.
Aunque la ministra no habló ayer explícitamente de machismo, sus críticas de días anteriores han tenido un enorme impacto. Si el miércoles fue la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia quien cuestionó sus palabras, ayer las otras tres (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) directamente pidieron su dimisión.
También lo hizo el PP, pero los reproches llegaron desde muchos más flancos. Presidentes autonómicos del PSOE como
Emiliano García-Page, Javier Lambán, Ximo Puig o Adrián Barbón cuestionaron tanto la redacción de la ley como el trato a los jueces y compañeros de gabinete como Miquel Iceta le recordaron que los miembros del Ejecutivo deben “ser muy escrupulosos” en el respeto al poder judicial.
Pese a la petición de prudencia del Ejecutivo, sus aliados parlamentarios ven que es necesario retocar la ley para evitar “fisuras”, como manifestaron ERC, PNV, EH Bildu e incluso JxCAT.
Y se mantiene el silencio de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y
La Fiscalía ordena recabar datos de casos revisados para valorar si hay que fijar criterio
del ministro Alberto Garzón, en tanto que el vicepresidente balear Juan Pedro Yllanes, juez y miembro de Podemos, salió en defensa de la judicatura ante las acusaciones de machismo.
Podemos ahondó en su apoyo a la ministra de Igualdad y proclamó que la ley saldrá reforzada de la polémica por la rebaja de penas decretadas por varios jueces, una controversia que sirve para “retratar” a los políticos progresistas que ahora rajan contra la norma, tras la postura de barones del PSOE y Más Madrid favorable a acometer rectificaciones en la norma. El ex vicepresidente Pablo Iglesias destacó que en una parte del Gobierno existe “cobardía” al no defender al departamento de Igualdad, a diferencia del presidente, Pedro Sánchez, que sí mostró el miércoles su apoyo a la normativa.