La Fiscalía fija criterio para limitar la rebaja de penas por delitos sexuales
● El Ministerio Público se opondrá a reducir condenas a agresores cuyos castigos estén dentro de la horquilla prevista por la nueva norma ● Díaz dice del tuit de Iglesias que ella “no insulta a nadie”
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó un decreto en el que unifica criterios de actuación ante la ley del sólo sí es sí, en el que establece que no se revisarán sentencias si la pena que se impuso sigue vigente en la horquilla que fija el Código Penal para cada delito tras el cambio legal. Es decir, con este decreto se reducen los supuestos en los que los fiscales apoyarán una rebaja de la condena inicialmente impuesta a los agresores sexuales.
Lo hace aplicando el criterio establecido en la disposición transitoria del Código Penal desde 1995 que establece que cuando la pena impuesta “sea también imponible” con arreglo a la nueva norma, es decir, entre dentro de la horquilla de penas contemplada, no tiene por qué revisarse.
El castigo mínimo por una agresión sexual ha bajado de seis a cuatro años de prisión, de modo que a aquel que hubiera sido condenado a seis años de prisión no quedará más remedio que rebajarle la pena, por ser la mínima, pero, por ejemplo, a quien se le hubiera impuesto una de siete u ocho años de prisión no tendría que revisársele.
El fiscal general responde de este modo a la espera de “próximamente” publicar una circular más extensa sobre este caso y lo hace en el sentido que reclamaban las responsables del Ministerio de Igualdad cuando comenzaron a dictarse sentencias que rebajaban la pena a agresores sexuales.
Álvaro García Ortiz deja claro que cada caso se revisará de forma individualizada, pero dicta este decreto –con aportaciones de la teniente fiscal del Supremo, de los cuatro fiscales jefe de lo Penal y de la fiscal jefe ante el
Constitucional– para dar una respuesta rápida a la problemática surgida tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía de Libertad Sexual o ley de sólo sí es sí.
El fiscal deja claro que la revisión de sentencias debe guiarse por el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo, pero siempre se elegirá una ley u otra “de manera global, en bloque, en su totalidad”, sin que sea posible trocear las normas. Plantea que, aunque la ley del sólo sí es sí no contenga una disposición transitoria, es de aplicación la establecida en el Código Penal de 1995 “por constituir un criterio interpretativo plenamente consolidado”. “Las posibles lagunas interpretativas, a falta de una interpretación auténtica, serán suplidas conforme a los criterios lógico, histórico y sistemático de la norma”, expone.
Partiendo de ese criterio, establece: “Como regla general, no procederá la revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma. Se evitará la adaptación automática de las penas anteriormente impuestas en proporción aritmética al nuevo marco punitivo”.
Cuando la pena a la que fue condenado el autor del delito no figure entre las contempladas en el Código Penal tras el cambio provocado por la ley del sólo sí es sí procederá su revisión. Además, de acuerdo con el decreto, los fiscales se opondrán a revisiones a la baja en casos que la nueva ley plantea de “menor entidad” siempre que el responsable del delito empleara “violencia o intimidación” para cometerlo.
Por otro lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmó ayer que la virulencia que recibe la titular de Igualdad, Irene Montero, a raíz de la polémica ley es “condenable” y enfatizó, respecto al tuit del ex líder de Podemos
Los PGE suman 165 apoyos en la primera jornada de debate de enmiendas
Pablo Iglesias que tildaba de “miserable” a los compañeros que no la defendían, que “nunca insulta a nadie en política”.
El primer día de debate en el Pleno del Congreso del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 estuvo protagonizado por los reproches por la conocida como ley Montero. Respecto a las futuras cuentas, el proyecto sumó 165 apoyos en su primera jornada de debate de enmiendas parciales, con lo que se sitúa a sólo 11 de la mayoría absoluta que determina su paso al Senado y que se da por asegurada. De momento, los PGE cuentan con 165 votos asegurados: PSOE (120), Podemos (33), PNV (6), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1).