Los obispos arremeten contra la ley trans
● La CEE carga también contra la reforma del aborto y denuncia que pueden comprometer el futuro de los jóvenes
El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan José Omella, cargó ayer contra las leyes “de profundo calado ideológico” del Gobierno como la ley trans y la reforma del aborto, y denunció que “carecen de fundamento médico y científico” y que pueden comprometer el futuro de los jóvenes.
En el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el cardenal arzobispo de Barcelona lamentó que enmedio de una crisis económica y social “se intentan sacar adelante por la vía rápida” una serie de leyes de “profundo calado ideológico”, sin ser debatidas con sosiego y sin escuchar el parecer de las diferentes instancias científicas y éticas. En concreto, Omella se refirió a la reforma de la ley del aborto y la ley trans, que, avisó, inciden y afectan a los niños, adolescentes y jóvenes, que están en un proceso vital de madurez.
Criticó duramente la autodeterminación de género en la futura ley trans que se encuentra en trámite parlamentario y que, en opinión de los obispos, “no tiene fundamento médico ni científico, y supone transformar en ley el mero deseo de personas, en muchos casos jóvenes en proceso de madurez”. Algo que puede comprometer seriamente su futuro con actuaciones para las que ya no existe vuelta atrás, advirtió.
En su discurso, el presidente de la CEE arremetió contra las ideologías de género a las que acusó de provocar “inestabilidad familiar y de identidad”, y el sufrimiento a jóvenes y adolescentes.
Sobre la reforma de la ley del aborto, emprendida por el Ministerio de Igualdad, Omella denunció que se refuerza el derecho del fuerte sobre el débil y cierra los ojos a todos los avances de la ciencia. Y reclamó información y ayudas a las mujeres embarazadas. “Convendría informar sobre las instituciones públicas y privadas que acompañan a las mujeres en este momento importante de sus vidas”, pidió Omella, quien dijo que para garantizar la libre decisión de la mujer es imprescindible una previsión presupuestaria de rentas mensuales para que las mujeres con un embarazo no deseado puedan llevar a cabo la crianza de sus hijos.
“Todos contribuimos igualmente con nuestros impuestos y, por ello, exigimos que el Estado ofrezca una cobertura social activa de la vida”, reclamó.
También urgió a políticos y agentes sociales un acuerdo para superar juntos las dificultades actuales y enumeró algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad, como la precariedad y la incertidumbre que provocan que más de 13,1 millones de personas estén en riesgo de pobreza o exclusión en España.
En este sentido, denunció que los procesos y trámites de las peticiones de ayuda “se demoran y eternizan” e incluso a veces los solicitantes ya no pueden beneficiarse de ellas porque mueren antes de recibirlas. “El Estado debería ser capaz de agilizar los trámites. La lenta y complicada burocracia no hace más que añadir sufrimiento”, se quejó Omella.