Inciden en la mejora de las condiciones de salubridad
Las propuestas más inmediatas de este informe inciden en la mejora de las condiciones de salubridad (agua potable, saneamiento, electricidad, recogida de basuras, transporte), el derecho a una vivienda, al empleo y el salario justo (condiciones laborales), así como facilitar y fortalecer el acceso al sistema de protección social, entre otras. Además, el informe se detiene en situaciones de especial vulnerabilidad, a través de medidas más trasversales vinculadas a la reducción de la discriminación por cuestiones de nacionalidad, etnia o aspecto físico, el acceso a mecanismos de denuncia segura, la intervención con familias, mujeres y jóvenes extutelados así como a reducir los episodios de violencia vinculados a delitos de odio y trata de personas. Las propuestas de mejora de este estudio subrayan la necesidad de impulsar acciones (a corto, medio y largo plazo) a través del trabajo coordinado entre todos los agentes implicados: administraciones públicas, sindicatos, tejido empresarial, sociedad civil organizada y las personas que viven en los asentamientos
Esperanza Pérez Felices, que aceptó personalmente este ofrecimiento el pasado 30 de enero” recuerdan.
Según este colectivo, estos hechos “son inaceptables y más aún, en una actividad económica que se vanagloria de realizar inversiones en cultivos biodinámicos y energías renovables, pero que desatiende los derechos fundamentales de las personas y sobrexplota un territorio ya de por sí sobre explotado” valoran.
El empadronamiento es “la llave que abre la puerta a la titularidad efectiva de derechos y acceso a servicios y políticas públicas”, según la valoración de la Federación Andalucía Acoge, y su entidad federada Almería Acoge, en el informe titulado: “Asentamientos 2022 y consecuencias de la discriminación en los asentamientos en la Comarca de Níjar‘, que presentó semanas atrás en Universidad de Almería.
El desalojo de Walili, a su juicio, fue una “mera operación cosmética del Ayuntamiento”